Este lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su informe Anual Sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, en el contexto de la crisis social 2019.

En el documento se denunciaron “graves violaciones a los DD.HH.” ocurridos entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre recién pasado.

En total, se constataron 3.442 personas heridas, principalmente por agentes del Estado, contra los cuales se presentaron 588 querellas criminales (476 son por tortura, tratos crueles”.

Además, se ingresaron 12 acciones son por homicidio frustrado, en favor de 20 víctimas, así como acusaciones por tortura, apremios, y vejámenes de connotación sexual en favor de 135 personas.

El director del INDH, Sergio Micco, afirmó que “el hilo conductor de esta narración son las graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Además, agregó que “será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial, pero la responsabilidad del INDH es denunciar cada vez que se produzca una violación o una vulneración a los Derechos Humanos”.

En este sentido, recalcó que tras el estallido social “se han registrado múltiples y las más graves violaciones a los derechos humanos desde la vuelta a la democracia en Chile”.

Micco destacó el alto grado de personas con trauma ocular por el uso de escopetas antidisturbios de Carabineros , las querellas por violencia sexual en el informe por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También precisó que se han realizado múltiples ataques a la propiedad pública y privada, sosteniendo que el Estado ha faltado a su deber de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana.

El INDH realizó 15 recomendaciones a los poderes del Estado, sobre la materia, para poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, explicaron que el Ministerio del Interior debe instruir a Carabineros de Chile para que su actuar en controlar el orden público se aplique según estándares internacionales.

En la misma línea, aseguran que se requiere que el Poder Ejecutivo y Legislativo avancen en la modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

También recomiendan al Poder Judicial garantizar un acceso rápido a recursos judiciales que ayuden a determinar las responsabilidades penales.

El INDH recomendó que se adopten medidas concretas para la reparación de las personas cuyos derechos han sido vulnerados, las que deben contemplar un acceso prioritario y especializado a la salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones.

Además, se recomendó a los ministerios de Hacienda, Economía y Desarrollo Social formular políticas públicas de apoyo en favor de los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y trabajadores, que producto de la violencia, han visto afectadas sus fuentes de trabajo y emprendimiento.

El INDH recalcó que recomendó al Poder Ejecutivo y Legislativo la actual institucionalidad que promueve y protege los derechos humanos, en especial de NNA, mujeres, tercera edad, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

Finalmente, pidió al Estado “asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, de manera de disminuir la gran desigualdad derivada de aquellos que no han sido adecuadamente garantizados”.