En condiciones de ser votado en general por la Sala del Senado quedó el proyecto que especifica y refuerza las penas principales y accesorias relativas a la inhabilitación que tienen los agresores sexuales de menores de trabajar con niños.

Ello, luego que la Comisión de Constitución del Senado aprobara por unanimidad la iniciativa que cumple su segundo trámite.

Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el proyecto busca solucionar algunos aspectos que quedaron en evidencia tras la creación del registro de agresores sexuales de menores de edad y que debe ser consultado antes de contratar a alguien que trabaje con niños, niñas y adolescentes.

Junto con señalar que el registro ha sido una gran contribución, indicó que había condenados por esos delitos que no quedaban registradas por problemas de naturaleza administrativa, lo que fue subsanado.

Pero además, dijo el ministro, el otro problema que había es que los jueces que tienen la obligación de comunicar las condenas y las penas accesorias, si no lo hacían, los condenados quedaban fuera del registro.

“Cuando vimos que no íbamos a resolver este tema con medidas administrativas, presentamos este proyecto para evitar que queden fuera del registro”, dijo el ministro tras señalar que se propone obligar por ley al fiscal que solicite al juez que se imponga la pena accesoria de inhabilidad.

Asimismo, se obliga al juez que cada vez que condene a una persona por un delito sexual contra menores, quede en la sentencia registrada esa circunstancia. También se obliga al Fiscal Nacional a dar instrucciones para que los fiscales cumplan y a la Corte Suprema para que dicte un auto acordado para ese tema.

Otro punto en el cual se innova dice relación con las inhabilidades para los agresores de menores de entre 14 y 18 años. Actualmente la ley establece una inhabilidad de 10 años, pero el proyecto establece que dicha inhabilidad sea perpetua, tal como sucede con los agresores de menores de 14 años.

La iniciativa también contempla la creación de un registro de inhabilidades especiales, además del registro de condenas que existe en la actualidad. Ello, porque según explicó el ministro Larraín, cuando una persona elimina sus antecedentes penales conforme a la ley, también se elimina el registro de inhabilidades por lo que es necesario solucionar ese tema.

Finalmente, el proyecto también entrega atribuciones a los secretarios regionales ministeriales de Educación y de Transporte para que puedan fiscalizar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones que les atañen.