Los principales actores del mercado de confección y distribución de uniformes escolares pusieron término a algunas cláusulas de sus contratos vinculadas con la exclusividad en la provisión de estas prendas para los establecimientos educacionales que, a juicio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), restringían la libre competencia y no se ajustaban a la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la materia.

Aunque al término de la investigación realizada de oficio por la Fiscalía, que tuvo como objetivo fiscalizar las relaciones entre los colegios y los proveedores de uniformes conforme a la señalada jurisprudencia, se detectaron pocos incumplimientos sobre la forma en que los colegios asignaban proveedores exclusivos de uniformes escolares, sí se observó una serie de prácticas que restringen la libre competencia y pueden afectar a padres y apoderados.

Una práctica ilícita, por un lado, consistía en la entrega por parte de proveedores y grandes tiendas de retail de tarjetas de regalo y/o beneficios a los establecimientos educacionales, a cambio de que sus productos sean presentados o publicitados por los colegios como “oficiales”, “exclusivos” u otros términos semejantes, detalla la FNE en su sitio web.

Otra práctica ilícita consistía en celebrar contratos de “distribución exclusiva” sin licitación previa en que ganara la propuesta que ofreciera la mejor relación precio-calidad de los uniformes escolares.

Al cierre de la investigación, las empresas proveedoras de uniformes escolares dejaron sin efecto dichos contratos y señalaron que dejarán de entregar tarjetas de regalos, beneficios u otro tipo de estímulos a cambio de que los colegios dirijan hacia ellos la demanda de los padres y apoderados.

“Es recomendable que estas directrices sean observadas por todos los proveedores y distribuidores de uniformes para colegios, porque mientras más competencia exista en la comercialización de estos bienes, los padres y apoderados podrán acceder a prendas de mejor calidad a un buen precio”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

La investigación consideró una muestra de 99 colegios particulares y particulares subvencionados de todo el país, a los cuales se les solicitó información sobre convenios suscritos con tiendas comerciales para la confección, distribución y venta de uniformes.

También fueron oficiadas grandes tiendas de retail y proveedores de uniformes, a los cuales se les requirió información sobre los contratos, además de antecedentes sobre la existencia de estímulos, incentivos o donaciones realizadas a los colegios para posicionar sus marcas.

Al cierre de su investigación, la FNE también ofició al Superintendente de Educación para solicitar que los colegios exhiban en un lugar visible a su comunidad los derechos referidos a uniformes escolares, publicados en la web de dicho organismo fiscalizador.