La diputada Karol Cariola (PC) cuestionó el proyecto de ley anunciado por el Gobierno, y que pretende regular el derecho de las personas a manifestarse, anunciado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado señaló que se encuentran trabajando en la normativa, explicando que el derecho de reunión está regulado con un decreto de los años 80, y que “no es la forma de regular un derecho tan relevante, una garantía constitucional”.

“Es un tema complejo, que ahora que queremos que se confunda con situaciones concretas que están pasando. Pero es evidente que parte de lo que ha pasado hoy día se debe a que no hay legislación”, apuntó.

Al respecto, la diputada Cariola afirmó que el Ejecutivo está buscando una excusa “para hacer creer a la ciudadanía que el derecho a reunión no está regulado, porque ellos incurrieron en una ilegalidad”, según consigna Radio Cooperativa.

“Esa es la razón por la cual el intendente de Santiago está acusado constitucionalmente, al haber utilizado, durante dos viernes seguidos, un argumento a través del copamiento preventivo bajo el argumento de que se estaban incumpliendo las normas”, agregó.

La parlamentaria aseguró que “hoy día el Gobierno, lo que está buscando, es restringir aún más el derecho de la ciudadanía a manifestar posiciones contrarias a los Gobiernos de turno”.

En la misma línea, el presidente de la ANEF, Víctor Pérez, acusó que el Gobierno “lo que hace es mirar hacia atrás, ir a las prácticas dictatoriales de controlar, monitorear y reprimir la opción de movilización ciudadana, lo cual eso creo que no hace daño, eso lo enreda mucho más”, según consigna la emisora.

Por su parte, la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Valentina Miranda, apuntó que “nosotros no nos movilizamos por movilizarnos, nosotros nos movilizamos porque hay un petitorio atrás que es sobre la dignidad de cada uno y ellos (el Gobierno), al interpretar y al crear proyectos que lo único que hacen es, de alguna forma, criminalizar aún más la movilización”.