Por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral fue formalizada una pareja conformada por una ciudadana boliviana y un hombre chileno, que el año 2012 ingresaron al país una niña de 11 años de edad proveniente de Bolivia, a quien obligaron a realizar trabajos forzosos bajo amenaza y sin cancelarle ningún dinero.

Además, el imputado fue formalizado por el delito de estupro, ya que sostuvo una relación amorosa con la víctima, quien quedó embarazada a los 16 años de edad.

“En agosto del año 2018 se inició esta causa a propósito de una denuncia de lesiones en contra de la víctima menor de edad en esa fecha y cuyo agresor habría sido su patrona, detectando en ese momento que había situaciones que podían constituir un delito de trata de personas, por lo que la Fiscalía con funcionarios de la Britrap, iniciamos las diligencias investigativas que nos permitieron solicitar la detención de los imputados”, explicó la fiscal especializada en Trata de Personas, Camila Albarracín.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía de Alto Hospicio explicó que en el año 2012, cuando la víctima tenía 11 años de edad y vivía en un poblado de Bolivia llamado Huatachi, Potosí, junto a sus abuelos ya que era huérfana, fue contactada por la madre y suegra de los imputados para trabajar como asesora del hogar.

Es así que entre febrero y marzo de ese año ingresó de manera clandestina a Chile por el sector de Colchane acompañado por dicha mujer y con la ayuda del imputado Jimmy García Rodríguez. Una vez en Chile, fue trasladada por el imputado y su pareja, la imputada Rosmery Alvarado Gutiérrez, hasta el domicilio de ambos, ubicado en calle Los Almendros de Alto Hospicio, donde fue sometida a trabajos forzosos.

La Fiscalía explicó que la víctima debió trabajar como niñera y atendiendo un puesto en la “Gran Feria” de la misma comuna, iniciando su jornada laboral a las 4 de la mañana y concluyendo cerca de la medianoche, sin que jamás le cancelarán los 500 bolivianos que se suponía la pagarían.

La Fiscalía detalló que además la víctima nunca tuvo las comodidades mínimas, ya que dormía con los hijos del imputado, sólo tenía elementos mínimos de aseo, ropa y comida, y no podía desplazarle libremente, pues la imputada la mantenía siempre trabajando y la amenazaban con que si carabineros la fiscalizaba, la llevarían a un hogar sin que pudiera volver a ver a su familia.

Aprovechándose de esta grave situación de desamparo, además el imputado comenzó una relación sentimental clandestina con la niña, producto de lo cual tuvo una hija en julio del año 2018.

Tras detallar las distintas diligencias realizadas por la Brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, dada la gravedad de los delitos y por ser la libertad de ambos un peligro para la seguridad de la sociedad. La petición fue acogida por el tribunal y se fijó un plazo de 90 días para la investigación.