Por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó señalar a la Sala que tomó conocimiento de los alcances del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y que fija penas para el saqueo en casos de calamidad y alteración del orden público.

En el informe de la instancia, se señalarán las posiciones de sus integrantes frente a los cambios que sufrió la iniciativa en el Senado y que fueron expresadas en la sesión. Junto a esto, se solicita el pronunciamiento de la Sala.

La diputada Andrea Parra (PPD) criticó que el presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto (DC) “no nos ha permitido pronunciarnos respecto de cuál es la posición de la comisión”.

Agregó que el proyecto en debate es “absolutamente distinto”. “Aquí hay una postura de trinchera de no querer escuchar al otro, de no permitirse ni siquiera la posibilidad de salvar las diferencias con el Senado en una comisión mixta, lo que políticamente me parece incomprensible”, sentenció.

Sostuvo que “la decisión fue tomada en conocimiento por parte de la comisión” y que “la mayoría de la instancia resolvió que en el informe se puedan exponer los distintos planteamientos por los parlamentarios y que la Sala de la Cámara pueda resolver cuál va a ser la posición con este proyecto”.

Sobre el contenido de la iniciativa, el parlamentario DC explicó que el proyecto sanciona a los saqueadores, a quienes usen elementos cortopunzantes y a quienes interrumpen el libre tránsito. “Evidentemente son hechos que la comunidad, el país repudia y no los tolera, y lo que buscamos es diferenciar los crímenes, los delitos cometidos y la legítima manifestación pacífica”, acotó.

La propuesta será informada en la Sala por el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien considera que el Senado resolvió de una manera bastante positiva el proyecto que enviaron. “Lo que necesitamos es que se establezca claramente la sanción del saqueo y establezca la sanción de otros derechos que se ven vulnerados por terceros, como son el derecho a la circulación y a la integridad física”, agregó.

Contenido del proyecto

El cambio de nombre de la iniciativa forma parte de las modificaciones realizadas durante su segundo trámite en el Senado. El proyecto ahora contiene un nuevo artículo que sanciona al que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia, intimidación o con la instalación de obstáculos.

La pena para esto será presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), la que se aplicará también a quienes interpongan sus vehículos en las vía. Cabe recordar, que en el primer trámite en la Cámara, el proyecto señalaba una sanción de reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a cinco años).

El proyecto despachado por la comisión establece una pena de 61 días a tres años para quienes lancen utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública.

Por otro lado, el proyecto aumenta en un grado las penas privativas de libertad cuando los delitos de saqueos se registren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.