La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por la agenda de seguridad del gobierno de Sebastián Piñera.

Por medio de una carta firmada por Jan Jarab, representante para América del Sur, el organismo reconoce la existencia de “la necesidad de adoptar estrategias y medidas de distinta índole para prevenir actos de violencia y saqueos”.

“Sin embargo, la Oficina coincide con los diagnósticos que señalan que la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo, y que la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la ultima ratio”, sostiene el documento.

En esa línea, plantea que “si bien los robos, daños, incendios y saqueos son conductas ilegales y punibles conforme a la legislación nacional vigente, lo que ha dificultado la persecución penal de los perpetradores no es la falta de tipos penales, de penas más altas o de agravantes de responsabilidad penal, sino la ineficacia de la policía de identificar y perseguir a estos autores de hechos ilícitos”.

“El derecho a la reunión pacífica no debe de estar regulado por un régimen de autorización (…) la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia”, dijo además sobre el proyecto de ley “antisaqueos y antibarricadas” que se aprobó hoy jueves.

“La solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de los policías de identificar y apartar los elementos violentos (y no en la criminalización de otras conductas)”, agrega el texto, según información consignada por Cooperativa.cl