La Sala de la Cámara de Diputados despachó a su tercer trámite legislativo en el Senado el proyecto que modifica la ley sobre protección de la vida privada, con el objeto de resguardar la información sobre deudas contraídas para financiar servicios educacionales.

La iniciativa consta de un artículo único, que fue rechazado, que establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.

La normativa también incluye a aquellas deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corfo, ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.

El proyecto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.

Sobre este artículo, la comisión de Educación introdujo una enmienda, que fue respaldada por la Sala, para establecer que los registros en ningún caso podrán entenderse como la extinción de la deuda.