Chile es el único país de latinoamérica que no cuenta con un Defensor Ciudadano. Una figura que se originó en Suecia en 1809, creada para equilibrar los poderes del Estado y proteger los derechos de los habitantes.

No obstante, en el 2008 se presentó un proyecto de ley tendiente a incorporar al ordenamiento jurídico chileno un Ombudsman. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero luego su tramitación legislativa quedó trancada.

”Creemos que es fundamental que el proyecto de Ombudsman o defensor de las personas, que lleva 11 años en la Comisión de Constitución del Senado, tenga una rápida tramitación. He pedido al ejecutivo que le ponga urgencia legislativa, pues es vital establecer un órgano defensor que sea capaz de defender a los ciudadanos frente a los abusos, poniéndose en los zapatos de los chilenos”, sostuvo el senador Francisco Chahuán (RN).

A juicio del parlamentario, esta debería ser una de las materias de la agenda social, al representar una válvula de contención para enfrentar la sensación de desprotección de los habitantes.

El proyecto es una reforma constitucional que crea un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, teniendo a su cargo la promoción, protección y defensa de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, así como el respeto por los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.