Analizar los graves hechos de violencia ocurridos a propósito de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria PSU fue el objeto de la sesión especial realizada en la Sala de la Cámara de Diputados.

En representación de los 65 legisladores solicitantes del encuentro intervinieron los diputados Diego Schalper (RN) y Jaime Bellolio (UDI). El primero reiteró la necesidad de conocer las medidas que tomará el gobierno para enfrentar una nueva rendición de la prueba y agregó que la ciudadanía está solicitando acuerdos eficaces para lograr objetivos.

“Tenemos que ser capaces de encontrar las herramientas efectivas. Le pido a las autoridades que no nos tiemble la mano para hacer prevalecer el orden público”, señaló el parlamentario.

Asimismo, solicitó a las autoridades sincerar la información respecto a la prueba que ya fue rendida y aclarar las alternativas que se le darán a los alumnos.

El diputado Jaime Bellolio, en tanto, subrayó el cuestionamiento que se ha hecho desde hace mucho tiempo a la Prueba de Selección Universitaria y expresó que “la PSU no mide lo que debe medir” y recalcó que durante muchos años las autoridades no estuvieron disponibles para hacer cambios.

Con respecto a la situación específica vivida por los alumnos en las jornadas de rendición de la prueba, el parlamentario rechazó tajantemente los hechos de violencia que hubo en dicho marco y preguntó a las autoridades “cuáles son los resguardos reales para evitar la violencia a la que se sigue llamando a provocar en las afueras de los colegios y la que ocurre en el interior de las salas”.

En la sesión también intervinieron los/as diputados/as Camila Rojas (Comunes), Francisco Eguiguren (RN), Camila Vallejo (PC), Iván Norambuena (UDI), Rodrigo González (PPD), Hugo Rey (RN), Juan Santana (PS), Luis Pardo (RN), Mario Venegas (DC), Giorgio Jackson (RD), María José Hoffmann (UDI), Pedro Velásquez (FRVS), Andrés Molina (UDI),

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, puntualizó que con los hechos ocurridos en la primera fecha de la PSU se vieron afectados gravemente los derechos de miles de jóvenes inocentes.

Ante la nueva fecha de la prueba, la secretaria de Estado defendió que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) haya aplicado sus normas y haya adoptado la decisión de que los jóvenes que provocaron la violencia queden inhabilitados de rendir la prueba.

A su vez, Cubillos pidió que se aclare la filtración de la prueba de historia e hizo hincapié en las medidas para evitar que esto vuelva ocurrir.

La personera señaló que hoy el interés está enfocado en sacar adelante el proceso, con el objetivo de que “aquellos jóvenes afectados injustamente puedan ejercer su derecho e iniciar su vida en la educación superior como corresponde”.

Por su parte, el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, partió por detallar las medidas que se pretenden tomar el 27 y 28 de enero, durante la nueva rendición de la prueba. En ese sentido, aclaró que se acordó con Carabineros que exista un doble control de acceso y un resguardo policial explícito durante el proceso.

“Hemos hecho un esfuerzo en las distintas ciudades para garantizar que quienes quieran rendir estas pruebas lo puedan hacer”, afirmó.

Con respecto a la prueba de Historia, el personero señaló que el proceso no ha terminado, por lo que se han buscado soluciones que serán una respuesta exclusiva para los estudiantes. “Nuestro compromiso es que ningún estudiante se vea afectado a la hora de acceder a las carreras”, indicó.

Por último, Valle argumentó que el sistema es desigual e injusto en educación y que existe desde antes de la PSU. “El país está haciendo un gran esfuerzo, pero no debemos perder la serenidad”, acotó.

RESOLUCIONES

En la sesión se aprobaron dos resoluciones. La 876 que solicita al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile introducir criterios de justicia en el proceso de admisión universitaria este año 2020.

En el mismo tenor se respaldó la resolución 877 que pide al Cruch y a los ministerios de Educación e Interior reconsiderar la decisión de no realizar la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y disponer todas las medidas necesarias para su realización.

Por último, la Corporación rechazó la resolución 878 por la cual se solicitaba al Presidente de la República, Sebastián Piñera, adoptar las medidas destinadas a asegurar condiciones de seguridad para la rendición de la Prueba de Selección Universitaria y la persecución penal de los hechos delictivos que se cometan en el marco de la misma.