Este jueves, a partir de las 10:00 horas, la Sala de la Cámara de Diputados revisará la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, cuestionado por las medidas tomadas para enfrentar las manifestaciones en Plaza Italia, en especial, el “copamiento preventivo” en medio del cual un joven fue arrollado por dos carros lanzagases.

Esta instancia se llevará a cabo luego de que la defensa de Guevara -encabezada por los abogados Rodrigo Ávila y Cristián Muga- apelara a la llamada cuestión previa ante la comisión investigadora que lleva el caso. Según los abogados, la acusación constitucional no reúne los antecedentes suficientes.

El libelo promovido por la oposición, fue aprobado ayer por la comisión encargada de revisarlo, con los votos a favor de la presidenta de la instancia y diputada Alejadra Sepúlveda (FRVS), y de los diputados Diego Ibáñez (CS) y José Miguel Ortiz (DC). Además, hubo un voto de rechazo del diputado José Miguel Castro (RN) y la abstención del DC Pablo Lorenzini. Este último hecho fue visto con atención por La Moneda, desde donde recuerdan que ha sido más de una la ocasión en que han logrado sacar adelante ciertos proyectos con apoyos de sectores “menos obstruccionistas” como la falange, y de algunos diputados del PR o PPD.

Sobre la situación para Guevara, el Gobierno reconoce que es compleja, pues hay una posibilidad en que la acusación pase al Senado.

Según Emol, esto ocurre pese a que recalcan que se están haciendo los máximos esfuerzos para evitar un resultado adverso en la Cámara. Y teniendo al menos como referencia, según dicen, el hecho de que la oposición no ha asumido como bloque una postura para votar por su destitución.

Gestiones que han llevado adelante el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, los subsecretarios de la cartera Juan Francisco Galli (Interior) y Claudio Alvarado (Subdere) y desde la Segpres, el ministro Felipe Ward y el subsecretario Juan José Ossa.

Y si bien altas fuentes de Palacio reconocen que la intención es seguir defendiendo al intendente hasta el final, aseguran que él mismo deberá decidir si quiere seguir adelante o dar un paso al costado para evitar –en caso de que se apruebe la acusación-, quedar inhabilitado de ocupar cargos públicos por 5 años.

“El Gobierno espera sinceramente que prime la sensatez y que la Cámara de Diputados no cometa una irresponsabilidad gigantesca, porque votar a favor de la acusación constitucional es debilitar profundamente el orden público y el orden público es la garantía fundamental para poder posibilitar la convivencia democrática”, dijo el martes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Tema que no es menor, pues en La Moneda creen que la destitución de Guevara podría establecer un mal precedente para que los intendentes pudieran ejercer sus funciones del control del orden público con normalidad. Esto pues defienden que Guevara no ha actuado diferente a como lo hicieron en el pasado otros intendentes –de distintos gobiernos- al enfrentar manifestaciones no autorizadas.

“Lo único que se haría sería debilitar las facultades que tienen los intendentes por ley para cumplir con un mandato”, replicó Blumel. Otro tema que preocupa al oficialismo es la posibilidad de que la oposición replique la ofensiva contra el intendente metropolitano contra otras autoridades regionales. Por ejemplo, en zonas donde el control del orden público también es un tema complejo como puede ser en Antofagasta, Valparaíso, El Maule, Concepción y Valdivia.