La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, firmó un protocolo de acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) e independientes para apoyar la reforma a las pensiones.

En lo sustantivo la iniciativa consagra un aumento de la actual tasa de cotización de 10% a 16%, alza que se hará en forma gradual y de cargo del empleador. De ese incremento, un 3% será destinado a complementar el ahorro personal de cada trabajador, y el otro 3% a un nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario.

PROPUESTA

El acuerdo alcanzado con parlamentarios de la DC e independientes mejoró la propuesta inicial del Ejecutivo en cuatro puntos centrales.

El primero de ellos es que se elevó de 2,5 UF a 2,7 UF (cerca de $80 mil) el beneficio que se pagará a las mujeres pensionadas con al menos 8 años de cotizaciones y que se financiará con el nuevo ahorro colectivo solidario. Asimismo, los hombres con cotizaciones de al menos 12 años, recibirán 2 UF ($56 mil, aproximadamente).

También se acordó fortalecer el ente estatal que administrará el 6% y que funcionará como una “Agencia”; y traspasar al fondo de ahorro colectivo solidario, los dineros de rezagos o herencia que permanecen en los fondos de las AFP porque no han sido reclamados por titulares o herederos de afiliados fallecidos. Esto implica sumar unos US$ 300 millones al nuevo pilar de ahorro colectivo y mejorar los beneficios.

Por último, el acuerdo contempla extender de 10 a 20 años el plazo para restituir los recursos que aportará el fisco, para financiar los beneficios en los primeros años del nuevo ahorro colectivo.

Respecto al actual funcionamiento del sistema de AFP, el proyecto de ley del Ejecutivo incorpora medidas que aumentarán la competencia, como por ejemplo la entrada de actores sin fines de lucro y de cooperativas creadas por afiliados.

Establece, además, medidas que mejorarán la calidad de los servicios y que permitirán una mayor participación de los afiliados en las AFP y las inversiones de sus ahorros.

También se contemplan ajustes que obligaran a las AFP a devolver a los cotizantes, parte de las comisiones cobradas cuando la rentabilidad sea negativa, y pagar las cuotas mortuorias de los afiliados fallecidos que no puedan cubrir este gasto.