En condiciones de pasar al Ejecutivo para promulgarse como ley de le República quedó el proyecto que modifica la ley sobre protección de la vida privada, con el objeto de resguardar la información sobre deudas contraídas para financiar servicios educacionales.

Esto, luego que la Cámara de Diputados respaldara el informe emanado por la Comisión Mixta, que zanjó las discrepancias, en relación al artículo único de la iniciativa, el cual había sido rechazado en segundo trámite por la Sala de la Corporación.

La norma aprobada establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.

La iniciativa también incluye a aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.

El texto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.

La moción entrega como antecedentes que, según el último informe Deuda Morosa, publicada por DICOM en el segundo trimestre del año 2018, eran más de cuatro millones 480 mil las y los deudores morosos en nuestro país. De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en DICOM por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.