Por el delito de incendio fueron formalizados este martes los imputados Javier Solís Bustamante y Diego Manríquez Velásquez, detenidos por el OS-9 de Carabineros por su participación en el incendio ocurrido el 18 de enero pasado, que quemó por completo un galpón de Zofri con ropa usada.

En la audiencia, el abogado asistente de la Fiscalía de Iquique Milton Torres -junto al abogado querellante en representación de Zofri S.A.-, explicó que el día de los hechos, a las 03:00 de la madrugada, los imputados previamente concertados y motivados por la promesa del pago de una suma de dinero por parte de un tercero aún no identificado, llegaron a bordo de un vehículo tipo camioneta portando en su pick up una bicicleta y un contenedor de combustible, hasta unas cuadras de distancia de la empresa de textiles “Deniz”.

En ese lugar descendió del vehículo el imputado Javier Solís, quien viajaba como copiloto, sacando la bicicleta y el bidón con el combustible desde la camioneta para luego dirigirse a bordo de la bicicleta hasta la empresa ubicada en calle Oficina Mapocho.

Allí procedió a derramar el combustible en el frontis, iniciando un fuego que se propagó por la totalidad de las instalaciones, huyendo y dirigiéndose hasta calle Porvenir con Salitrera Iris, lugar en donde era esperado por el acusado Diego Manríquez en la camioneta, subiendo la bicicleta y escapando ambos del lugar.

La Fiscalía señaló que producto del fuego generado por los acusados, la empresa resultó totalmente consumida por la acción del fuego, provocando daños que en primera instancia fueron avaluados en la suma de 500 millones de pesos y requiriendo el trabajo de las compañías de bomberos por varios días hasta la completa extinción del siniestro.

Luego de que la Fiscalía diera cuenta de las diligencias realizadas por el OS-9 de Carabineros para lograr la identificación de los imputados, sobre todo el análisis de las cámaras de seguridad municipales, de las ubicadas en Zofri y las de otros locales comerciales; solicitó la prisión preventiva de los imputados por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

La petición fue acogida por el juzgado de garantía, que fijó un plazo de investigación de 100 días.