El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Mario Carroza, acusó a funcionarios en retiro por la quema de archivos del Ejército en la Escuela de Inteligencia de la institución, entre el 2000 y 2001.

Según el fallo judicial, se trata de Eduardo Jara Hallad, general de Brigada del Ejército, como autor; la teniente coronel Mercedes Rojas Kuschevich, como cómplice, y Patricio Chacón Guerrero, en calidad de encubridor.

Por primera vez se procesa a militares en retiro por este delito, que implica la sustracción o destrucción de documentos relativos a archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que estaban en custodia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Según los antecedentes, en estos registros podrían constatarse crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La abogada Magdalena Garcés, representante a Londres 38 en la causa, manifestó que se encuentran satisfechos con la resolución del ministro Carroza, calificándola de histórica por tratarse de “un avance contra la impunidad de los pactos de silencio al interior del Ejército”.