El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el Gobierno por las amenazas en contra de la jueza Andrea Acevedo, quien fue cuestionada por sus alegatos durante la audiencia de formalización del carabinero que condució el camión que atropelló a un hincha de Colo Colo, quien murió minutos después.

En el fallo explican que el Ministerio del Interior carece de legitimación activa para deducir la querella criminal, según consignó Radio Bío Bío.

No obstante, indicaron que se remitirán a la Fiscalía Oriente los antecedentes presentados por el Ejecutivo para que se inicie una investigación por las amenazas que sufrió la magistrada.

El recurso fue presentado tras las amenazas recibidas por la jueza Acevedo luego de dejar en libertad al carabinero acusado de atropellar a Jorge Mora a las afueras del Estadio Monumental.

En la acción judicial se detallaba que “una serie de ‘funas’ (actos de agravio y repudio públicos según uso y costumbre de dicho término) sufridas por la Jueza Andrea Acevedo Muñoz a través de distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), dentro de las cuales se profirieron amenazas de muerte y otros males en razón de la fundamentación de su dictamen con posterioridad a la realización de la audiencia referida, amenazas que ya son parte de una investigación producto de una denuncia realizada por la propia magistrada, y que no serán reproducidas puesto que la remisión del presente libelo será a la Fiscalía Oriente del Ministerio Público, que lleva adelante la indagatoria”.

Además agregaron que hubo “una manifestación el día 02 de febrero a las 12.30 hrs. Aproximadamente, que consistió en la asistencia a las afueras del domicilio particular de la Jueza Andrea Acevedo Muñoz, situado en la comuna de Las Condes por una importante cantidad de personas (cerca de 200), en su mayoría movilizadas en bicicletas, en la cual se le profirieron también una serie de consignas que denostan su condición de jueza y también de persona, dentro de las que también se encontraban amenazas directas de muerte y otros males por personas hasta ahora no identificadas”.

“Todas las mencionadas, acciones tendientes a amenazar e intimidar a la magistrada en razón de las funciones que normalmente ejerce y particularmente, a raíz de la resolución dictada el miércoles 29 de enero en la audiencia ya referida, lo que incluso, ha llevado a que se decrete la medida de protección policial especial a la víctima”, detalla el documento.