El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a J.C.P.P. a la pena única de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de tres delitos consumados de abuso sexual de dos nietos menores de 14 años.

Estos ilícitos fueron cometidos en los años 2017 y 2018, en las comunas de Cabrero , en la Región del Biobío, y La Florida, en la Metropolitana.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que “en una fecha indeterminada del año 2017, en circunstancias que el menor (…), nacido el 10 de noviembre de 2006, se encontraba en su domicilio ubicado en Agua Piedra, en la comuna de La Florida, acostado en su cama, su abuelo paterno J.C.P.P.”, lo abusó sexualmente.

Esta conducta la reiteró “en una hora indeterminada de la noche, entre el día 27 y el 31 de enero del año 2018, en circunstancias que (…), nacida el 29 de enero de 2010, se encontraba en el domicilio ubicado en calle (…), sector de Monte Águila, comuna de Cabrero, acostada en la cama”.

“Posteriormente, en horas indeterminadas del 31 de enero del año 2018, durante el trayecto vehicular desde el sector de Monte Águila, comuna de Cabrero, al inmueble ubicado en calle Agua de Piedra, de la comuna de La Florida, J.C.P.P. en diversas oportunidades procedió a tocar con sus manos la zona vaginal de la menor por sobre sus ropas”, agrega la resolución del tribunal.

Además, se le aplicaron al condenado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, se le aplicaron las accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Por último, una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.