En el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte se realizó la audiencia en que se aprobó la suspensión condicional del procedimiento para los dos turistas rusos que fueron detenidos a mediados de enero cuando subían el Cerro Unita, donde está ubicado el geoglifo “Gigante de Tarapacá”.

Los imputados debieron cancelar cada uno la suma de mil 500 dólares, es decir, cerca de dos millones 500 mil pesos en total, para dar término al proceso penal.

El 14 de enero pasado, cerca de las 10:45 horas, la pareja extranjera fue vista por personal a cargo de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Huara traspasando el perímetro del Gigante de Tarapacá y subiendo hacia monumento nacional, por lo que fue detenida y entregada a Carabineros.

La Fiscalía del Tamarugal formalizó a ambos imputados por el delito de daños o afectación a un monumento nacional, quedando sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual mientras durara la investigación.

La Fiscalía informó que la salida alternativa se logró con el acuerdo del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Bienes Nacionales, considerando que los imputados no tenían condenas previas y que la penalidad del delito así lo permite.

Además, se recalcó que en este caso la afectación al monumento fue menor, ya que los turistas sólo traspasaron el cerco que protege el ingreso, sin llegar hasta el geoglifo mismo.

También la defensa de los imputados abogó por esta salida, entregando antecedentes respecto de que sus representados correspondían a una pareja de ciudadanos rusos que no habla español ni inglés, que la mujer se encuentra embarazada, por lo que deben viajar de regreso prontamente a su país; y que carecen de recursos, habiendo logrado reunir el dinero pactado con el apoyo económico de sus vecinos.

En la audiencia, que se realizó por sistema de videoconferencia desde Santiago, donde estaban residiendo los turistas estas últimas semanas, los imputados apoyados por una traductora rusa pidieron disculpas por la situación, indicando que nunca habían querido causar daño y sólo había sido producto de la ignorancia.

Además del depósito del dinero, por el plazo de dos años los imputados deberán fijar un domicilio y no podrán acercarse al “Gigante de Tarapacá”.

En la misma audiencia, la defensa de los imputados presentó ante el juez los comprobantes de los depósitos efectuados, por lo que el tribunal alzó la cautelar de arraigo nacional que pesaba sobre los ciudadanos rusos.

En la audiencia por la Fiscalía concurrió el fiscal (s) Sergio Almonacid y por el Consejo de Defensa del Estado, la abogada Ana María Pino.