En una ceremonia realizada este viernes, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud Tapia, rindió la Cuenta Pública de la gestión 2019, ocasión en que se refirió a la convicción con que el organismo resguardó el patrimonio fiscal, persiguió delitos de corrupción y aquellos cometidos por funcionarios públicos que vulneraron los derechos de las personas durante el año anterior.

Asimismo, la labor que desarrolló para custodiar las potestades de las autoridades y de los organismos del Estado, en defensa de la legalidad vigente.

La ceremonia contó con la presencia de los más altos representantes de los tres poderes del Estado, encabezados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique; el presidente del Senado, Jaime Quintana Leal; el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm; el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott Charme; ministros y subsecretarios de Estado; Superintendentes; presidentes y ministros de Tribunales Especiales, entre otros.

En 2019, el CDE participó en casi 13 mil juicios que involucraron una cuantía superior a los 19 mil millones de dólares, monto que representa el 7,4% del PIB de ese año. En los juicios civiles concluidos en el período, el Consejo logró evitar el 91% de lo demandado en contra del Fisco, lo que representa un ahorro para el patrimonio público del orden de $445 mil millones, o US$ 597 millones. Lo anterior, equivale al 1,5 del costo informado para la reconstrucción del Metro de Santiago.

“La misión del CDE es efectuar la defensa del patrimonio público, que pertenece a todos quienes habitan Chile”, indicó la presidenta, en referencia a aquellas demandas por montos exorbitantes que no guardan relación con el perjuicio sufrido, expresadas en miles de millones de pesos, y sin sustento en los antecedentes del caso.

“Lo lógico es que las respectivas pretensiones resulten desacreditadas, y que ello quede en evidencia con una buena defensa. Lo anterior, necesariamente conduce a que el CDE gane el juicio u obtenga una condena por un monto significativamente inferior al pretendido, lo que se traduce en un ahorro de recursos económicos para el Estado”, explicó.

En ese sentido, precisó que el CDE es una parte que litiga ante el Tribunal en igualdad de condiciones, y no es un juez que imparte justicia dando a cada uno lo suyo. “A este Servicio no le corresponde ponderar la justicia o injusticia de las causas en contra del Estado”, apuntó, con excepción de su facultad para transigir judicialmente.

Tras realizar un detallado balance de los principales asuntos y juicios a cargo del Organismo en 2019 –en los ámbitos civil, laboral, contencioso administrativo, medioambiental y penal–, se refirió a la competencia que la ley otorga al Consejo para perseguir los delitos de corrupción, que “afectan a las Instituciones a las que pertenecen los imputados, minando su prestigio y la confianza que la ciudadanía ha puesto en ellas”, advirtió.

Lo anterior, dadas las gravísimas investigaciones penales iniciadas durante los últimos dos años en el país –en las que el CDE participa activamente–, frente a las cuales, en opinión de la Presidenta, debe existir una “reacción rápida y decidida de perseguir administrativa y penalmente la sanción que corresponda”; única forma, añadió, “de demostrar que no existe tolerancia para la corrupción, aun cuando provenga de los propios miembros de una Institución o de pares de las respectivas superioridades, de modo que aquellos Organismos puedan continuar siendo respetables, reconocidos o legitimados por la población”.

“No podemos olvidar que uno de los diversos factores invocados en las protestas populares confluyen en lo mismo, pues guarda relación con la pérdida del respeto y confianza en las Instituciones del país, incluidas las del más alto nivel y, ello deriva –en mi concepto–, más allá de las legítimas discrepancias políticas o económicas; de la falta de persecución decidida de la corrupción” afirmó.

En ese orden de ideas, la Presidenta se refirió a la delicada tarea que le cabe al CDE de resguardar el respeto a los derechos humanos de quienes participan en manifestaciones pacíficas y, consustancialmente, la defensa de las potestades públicas del Gobierno constitucional y democráticamente constituido; ambos, pilares del Estado de Derecho.

“Seguramente, hay pocas Instituciones abocadas a la defensa, en juicio, que tengan una labor tan compleja como nosotros. Yo entiendo que tenemos dos grandes desafíos por delante: de una parte, buscar sanciones para los responsables de excesos y delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente Carabineros; y de otra, defender las potestades de la Administración en el cumplimiento de su deber de resguardar el orden público”. En ese ámbito, señaló que el CDE ha defendido con éxito las potestades de las autoridades y Organismos públicos en materias relacionadas con orden público y el estado de emergencia, en más de 200 recursos intentados en todo el país, incluidos los relativos a la PSU; ninguno de los cuales ha prosperado hasta la fecha. Con idéntica convicción –aseguró– se han perseguido hechos que revelan graves violaciones a los derechos humanos, con abierta infracción a los protocolos que regulan el uso de la fuerza para reprimir actos de violencia en manifestaciones, con graves resultados. En ese contexto, el Consejo también se ha querellado para obtener las condenas de quienes han ocasionado daños a la propiedad pública y al patrimonio histórico y cultural del país.

PROCESO CONSTITUYENTE

Hacia el final de su discurso de Cuenta Pública, la presidenta anunció que continuará siendo tarea del Consejo de Defensa del Estado velar por el respeto a la legalidad vigente, pero con un desafío adicional: “en el mes de abril enfrentaremos como país un plebiscito para definir el futuro de nuestro régimen constitucional. Podríamos preguntarnos qué tan ajena es para el Consejo una labor política como esa. Quizás la más política que una nación puede enfrentar. Pues nuestra respuesta será la misma. Pondremos de nuestra parte todo lo que el ordenamiento jurídico nos entrega para garantizar que la voluntad de los chilenos pueda ejercerse libre y espontáneamente. Y deberemos desplegar todo aquello que esté a nuestro alcance, nuestras herramientas legales, como las de todos los demás, para protegerla”, concluyó.