El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, aseguró que “seguimos recibiendo alegaciones sobre vulneración de derechos en Chile, en el marco de manifestaciones sociales”.

Ello al cumplirse tres meses desde que se conoció el informe de la misión que desplegó el ACNUDH en el país, con 21 recomendaciones para el Estado.

Algunas medidas anunciadas por el gobierno, según Jarab, “van en la dirección correcta, como el aumento de cámaras corporales que registran el actuar policial, entre otras”. Sin embargo, el representante señaló que su oficina no pudo constatar avances significativos en la implementación de gran parte de las recomendaciones contenidas en el informe de diciembre de 2019.

Entre sus recomendaciones, el informe contempla la creación de un mecanismo que involucre a la Oficina del Alto Comisionado en América del Sur, así como a la sociedad civil, para dar seguimiento a la implementación de las medidas recomendadas por la Oficina, como también aquellas de expertos internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, ONU Derechos Humanos hace un llamado a todas las autoridades, sobre todo aquellas con responsabilidad directa en derechos humanos, a redoblar sus esfuerzos para implementar de forma efectiva las recomendaciones del informe, así como cualquier medida orientada a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Chile.

Violencia y uso de la fuerza

El mencionado informe presentó, entre otras, varias recomendaciones sobre el uso adecuado de la fuerza, incluyendo el de las armas menos letales. “Por ejemplo, los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace potencialmente letales”, explica al respecto Jarab.

Pese a ello, la oficina sigue recibiendo información sobre el uso indebido de estas armas por personal de Carabineros, en varios casos con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión. En la última semana, la Oficina conoció de la muerte de una persona, presuntamente a raíz de una actuación policial como ésta, lo que debe ser esclarecido por la autoridad.

ONU Derechos Humanos también ha recibido con preocupación relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La oficina reafirmó que el Estado debe proteger el rol de las personas defensoras de derechos humanos, por cuanto contribuyen a un ambiente propicio para el ejercicio de otros derechos.

Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y sus líneas jerárquicas, así como determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial.

El representante agregó que delitos como agresiones a policías o actos de vandalismo únicamente podrían justificar la utilización legal, proporcional y necesaria de la fuerza, pero no contra quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica. “Toda violencia es condenable y debe ser motivo de preocupación. Pero además de eso, las violaciones de derechos humanos socavan la confianza en las instituciones y en el Estado democrático de derecho”.

Énfasis en prevención

En seguimiento al informe de diciembre, la oficina ha desplegado varias acciones para promover la adopción de medidas urgentes de protección y prevención de nuevas vulneraciones de derechos. En ese espíritu, se han sostenido diálogos con múltiples sectores, incluyendo a altas autoridades de todos los poderes del Estado, poniendo a disposición la asesoría técnica y experiencia internacional del ACNUDH para contribuir a que se aborde la situación desde un enfoque de derechos humanos.

Para ONU Derechos Humanos, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares deben ocupar un rol central en la respuesta del Estado a las tensiones sociales. En esa línea, la oficina ha recibido visitas de grupos como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y brigadas de atención primaria en manifestaciones. También está en contacto con múltiples organizaciones de derechos humanos en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Temuco y otras ciudades, así como con contrapartes de la comunidad internacional.

“Como Oficina del Alto Comisionado tenemos el mandato de promover y proteger los derechos humanos, en Chile como en el resto de la región y en el mundo. Reiteramos nuestro compromiso de seguir cooperando con el gobierno y con todos los actores relevantes para apoyar el desarrollo de legislación, políticas y planes armónicos con las normas de derechos humanos ratificadas por el Estado de Chile”, concluyó el representante.