Este miércoles la bancada del Frente Amplio presentó un documento titulado “Por una política de Estado al servicio de las personas: Propuestas Laborales, Económicas y Sanitarias”, en el marco de la emergencia por el Coronavirus (COVID-19).

El documento será compartido con diversas instituciones políticas y organizaciones de la sociedad civil para presionar al Gobierno a que adopte las medidas.

Las propuestas buscan resguardar que toda la ciudadanía pueda cumplir con las recomendaciones dadas por el Colegio Médico, y así resguardar la cuarentena nacional como un derecho y que no afecte a familias chilenas, en particular a las más precarizadas.

En ese sentido, el diputado Miguel Crispi (RD) destacó que “compartimos una preocupación profunda por lo que está pasando en el país y en el mundo. Nos hemos puesto a disposición de todas las medidas que tengan que tomarse para poder enfrentar esta crisis, pero también de hacernos cargo del impacto económico que va a tener esto en las familias más humildes del país. Por eso, hemos trabajado un documento con un conjunto de propuestas, más de 60, en el ámbito sanitario, laboral y económico”.

Crispi también manifestó que invitan tanto al Gobierno como al empresariado a que reciban y escuchen estas propuestas, enfatizando que “todo el mundo ha hecho un llamado a que la gente se quede en casa, que el centro de la solución es que cada uno se haga responsable. Pero lo cierto es que hay personas que tienen más poder, autoridades que tienen más responsabilidad. Es el momento de que quienes tienen el poder y la riqueza, se pongan al servicio hoy, para resolver esta crisis y acompañar a quienes lo necesitan”.

Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD) especificó que las medidas en materia laboral deben resguardar la seguridad de todas y todos los trabajadores al momento de hacer cuarentena.

“Buscamos crear un ingreso mínimo de emergencia para los trabajadores informales, equivalente a una canasta básica que conforme a cifras del Ministerio de Desarrollo Social, corresponde a $45.219 por persona”, detalló la parlamentaria.

Respecto al seguro de cesantía, la diputada puntualizó en que “se deben flexibilizar los requisitos para acceder a la prestación, la ampliación de la duración de sus beneficios y que la tasa de reemplazo sea plana partiendo para todos y todas en el máximo de cobertura”. Y enfatizó en que “la emergencia sanitaria no pueda ser considerada como caso fortuito o fuerza mayor para aplicar dicha causal de despido a los y las trabajadoras sin derecho a indemnización”, entre otras medidas.

El diputado Gabriel Boric (CS) reiteró la importancia de “disminuir la incertidumbre económica de todos los trabajadores y trabajadoras para que puedan adoptar las medidas que vayan en función de cuidar su salud, la de sus familias y la de toda la sociedad”.

Por esto, “una de las propuestas en materia de PYMES, que se verán severamente afectadas en sus ventas, y por lo tanto, la misma continuidad de la empresa, es un subsidio estatal que les permita tener continuidad y que el Estado les pague los gastos básicos”, añadió.

El parlamentario explicó que las propuestas “están fundamentadas en experiencia comparada” y aunque “va a implicar necesariamente un mayor endeudamiento”, recalcó que lo más relevante es “que se disminuya toda incertidumbre para los trabajadores que tengan contrato, que estén a honorarios y también los trabajadores y trabajadoras informales”.

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) se refirió al 2% del presupuesto que dispone el Gobierno constitucionalmente para esta crisis, llamando a copiar medidas de otros países que han destinado muchos más recursos para enfrentar los efectos de la pandemia.

“Los recursos del presupuesto que dispone el Estado de Catástrofe equivalen a 1.400 millones de dólares aprox, menos de la mitad de 1 punto del PIB. Estamos hablando de un porcentaje exiguo, mientras los planes de otros países en Europa e incluso en Estados Unidos, apuntan a un gasto que por una vez va a ser equivalente a entre un 5 y un 10% del PIB. Las medidas que se están anunciando en Chile, por parte de la autoridad, sería 10 a 20 veces más bajo de lo que están anunciando en esos otros países”, señaló el lesgislador.

Finalmente, Jackson sentenció que “debemos actuar unidos. Si es que queremos realmente salvar la economía y no meternos en un hoyo donde las empresas quiebren y trabajadores y trabajadoras queden desamparados, necesitamos que hoy las empresas que guardan mayor patrimonio en nuestro país puedan aportar y podamos discutir sobre una reforma tributaria excepcional para este momento de crisis”.