Como una manera de dotar al Estado de mayor infraestructura para enfrentar la pandemia del Coronavirus (COVID-19), y replicando el modelo que implementa el gobierno español, los diputados del PC, Karol Cariola y Daniel Núñez, ingresaron un proyecto de ley que declara de utilidad pública a todo el sistema privado de salud.

La iniciativa establece en un solo artículo que “declárase de utilidad pública a los hospitales, clínicas y centros de salud privados establecidos en todo el territorio nacional. En virtud de esta declaración, el ejercicio de las facultades del dominio de los titulares de tales hospitales, clínicas y centros de salud privados quedará suspendido en caso de alerta sanitaria u otro grave peligro para la salud de la población, pudiendo el Estado administrarlos de forma directa”.

Esta medida ya está siendo implementada por el gobierno español, quien intervino el sistema de salud privado y lo puso a disposición del sistema nacional de salud para utilizar sus bienes y servicios médicos.

Además, España dio un plazo de 48 horas a las empresas y particulares que posean o puedan fabricar materiales como equipos de diagnóstico, mascarillas gafas protectoras, guantes y otros productos médicos y farmacológicos para qué sean informados al gobierno, sancionando a quienes se nieguen a hacerlo.

Para el diputado Núñez se trata de anteponer el derecho a la vida ante la supremacía de la propiedad privada.

“Hay capacidad en el sistema privado que hoy el sistema público solo puede obtener a través de precios de mercado o de la buena voluntad de un privado. El Estado puede administrar esas camas que están en hospitales, especialmente clínicas y centros de salud para asegurar que cualquier chileno o chilena afectado gravemente por esta enfermedad tenga el derecho básico a un tratamiento digno y por esa vía salvar, resguardar su vida. Por lo tanto, de lo que se trata acá es que la vida sea un bien superior que esté por sobre algo que siempre hemos cuestionado, con esta supremacía que establece el mercado, que es la propiedad privada, sobre todo, que el Estado tenga facultades para actuar y enfrentar como corresponde esta crisis tan dramática”, remarcó Núñez.

El proyecto argumenta que, en un contexto de emergencia como la pandemia del Coronavirus, es deber del Estado adoptar todas las medidas que resulten indispensables para resguardar la vida y salud de toda la población.

“El derecho de propiedad cede, en virtud de su función social, ante bienes jurídicos que merecen una tutela mayor. Es por ello por lo que estimamos que el Estado debe tener la atribución, en situaciones de grave peligro para la vida y salud de la población, de centralizar la administración del sistema de salud, incluyendo al sistema público y privado”, se afirma en el documento.

El proyecto de ley es de fácil tramitación, ya que puede ser aprobado por mayoría simple en Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.