La parlamentaria PC interpuso un recurso de protección en contra del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, por no garantizar la gratuidad del examen que permite detectar el coronavirus. La acción busca que se garantice el acceso universal y gratuito al examen, en el marco del aumento sostenido de contagiados a nivel nacional.

Este jueves 26 de marzo, la diputada Karol Cariola interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich por la omisión ilegal consistente en no garantizar la gratuidad del examen Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R) que permite detectar el virus COVID-19.

De esta forma, la parlamentaria busca que se ordene a la autoridad sanitaria que disponga el acceso universal y gratuito del examen, a fin de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, como el derecho a la protección de la salud de las personas.

La diputada Karol Cariola sostuvo al respecto “es evidente que estamos viviendo una situación compleja y extraordinaria en nuestro país, que amerita tomar todas las medidas que sean necesarias para detectar a aquellas personas que hoy se encuentran contagiadas con el COVID 19”.

En ese marco, la parlamentaria detalló que “recurrimos a la Corte para que ordene al Ministro de salud decretar la gratuidad del examen. El testeo hoy día es más importante que nunca. Si bien se ha planteado por parte del ministerio fijar un precio límite de 25 mil pesos, creemos que es una medida absolutamente insuficiente, porque sigue condicionando la prestación de salud a la capacidad de pago de las personas”.

“El peligro que significa esta pandemia para los chilenos, exige que la autoridad privilegia el bienestar sobre cualquier otra consideración, sobre desde el punto de vista económico”, agregó la diputada Karol Cariola.

El recurso de protección sostiene que la fijación del precio del examen por parte de la autoridad pública (con un tope de 25 mil pesos), resultará en un necesario desembolso económico para los usuarios del sistema de salud pública y privada. “Este condicionamiento en sí mismo ya significa una amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, además de una amenaza al derecho a la protección de la salud que el estado debe proporcionar, agregando a esto un trato discriminatorio por parte de la administración”, argumenta.