Con el ingreso de una indicación y la firma de un protocolo de acuerdo, la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias del proyecto que apoya a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas, por el impacto económico que está generando la pandemia, aprobó el grueso de los puntos pendientes de la normativa que será analizada este viernes por la Sala de la Cámara.

De esta forma se destrabaron los nudos de conflicto referidos al monto del bono que se incluye en la iniciativa y a la autorización de endeudamiento para financiar estas medidas.

En concreto, se amplía la cobertura del bono de 50 mil pesos. Originalmente, estaba dirigido a cerca de dos millones de personas que son beneficiarios, tanto del Subsidio Familiar, como del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”; ahora, se extenderá a aquellas personas correspondientes al 60% más vulnerable de la población, que no posean cargas familiares y que sean a la fecha beneficiarias de subsidios del Estado.

Con lo anterior, se eleva el número de beneficiarios a cerca de 2 millones 670 mil personas, lo que incrementa el gasto fiscal en 43 millones de dólares, dejando el monto final en casi 170 millones de la moneda norteamericana.

Ahora, si bien el punto referido al bono fue aprobado en la comisión por 9 votos a favor y 1 abstención, el despacho de la norma desde la instancia quedó pendiente para la mañana de este viernes, debido a que no se logró consensuar una redacción que acompañe al protocolo de acuerdo referido a la eventual entrega de bonos futuros, dependiendo de la evolución del conflicto sanitario y económico derivado de la pandemia.

OTROS ASPECTOS

Cabe recordar que, en los puntos previamente aprobados de esta iniciativa, se contempla que el bono se pague por el Instituto de Previsión Social (IPS) en una sola cuota, a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley. Al efecto, el IPS podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas, que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del bono que crea esta ley, incluyendo al Banco del Estado de Chile.

Asimismo, reduce transitoriamente a 0% la tasa del impuesto de Timbres y Estampillas, aplicable a las operaciones de crédito de dinero que se efectúen entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de este año. Según explicó el Ejecutivo, con esta medida se espera que disminuyan considerablemente los costos de los créditos que soliciten las empresas y las personas, permitiéndoles obtener nuevos recursos para hacer frente a la difícil situación económica actual.

Para lo anterior, el texto especifica la aplicación de la norma transitoria para las líneas de emisión de bonos o de títulos de deuda de corto plazo cuya primera colocación se realice dentro del periodo indicado, así como de los efectos en otras normas de carácter tributario relacionadas a este impuesto.

Un tercer punto pasa por entregar una autorización al ministro de Hacienda para que, en un plazo de hasta doce meses, realice un aporte extraordinario de capital a BancoEstado por un monto de hasta $500 millones de dólares, que se suma a la capitalización extraordinaria efectuada en noviembre de 2019, por el mismo monto (Ley 21.187). Adicionalmente, dentro del mismo plazo de doce meses, se deberá informar a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, el destino de los recursos y los criterios de asignación.