La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, pidió aplicar medidas extra carcelarias para los detenidos producto de las manifestaciones sociales, después del 18 octubre.

A juicio de la parlamentaria “nuestra petición se enmarca en las recomendaciones realizadas por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, respecto a las personas que se encuentran en contexto de encierro en medio de la Pandemia del COVID-19 quien instó a liberar los presos políticos para contener el Coronavirus. En ese sentido creemos que en Chile son miles los que están en esta condición en cárceles atestadas de presos”.

Además, recalcó su preocupación por los detenidos en las manifestaciones tras el estallido social, “manifiesto mi preocupación respecto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Son miles quienes han ingresado a estos centros y están a la espera de su juicio en las cárceles o centros de internación provisoria. Recordemos que respecto de ellos/as rige la presunción de inocencia, es decir, no han sido condenados y se les tiene que considerar en tal virtud”.

“Me sumo al llamado de las familias y organizaciones sociales de apoyo a presos y presas políticas que solicitan medidas de excarcelación para sus familiares y amigos”, dijo Nuyado.

Sobre este mismo punto la diputada mapuche, agregó que “lo mismo estamos pidiendo para nuestro Lagmen que se encuentran detenidos en diversas cárceles”.

En la misma línea la diputada agregó que “no puedo dejar de mencionar mi compromiso y apoyo a los presos políticos mapuche, quienes vienen levantando hace años la voz para que el Estado de Chile se adecue al estándar internacional en materia de privación de libertad para personas pertenecientes a las primeras naciones, como lo establecen los distintos instrumentos de Derecho Internacional en materia de derechos indígenas y en particular en el Convenio 169 de la OIT”.

“Las personas privadas de libertad no pierden sus derechos humanos por lo cual el Estado debe garantizarlos, por lo tanto, solicitamos al Gobierno y al Ministerio de Justicia y DDHH, tomar esta determinación por un bien mayor que es la salud y lo derechos humanos de los encarcelados”, concluyó.