El Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició la coordinación de sus estrategias para ejercer la defensa judicial de autoridades y organismos públicos contra quienes se han interpuesto recursos de protección en los que solicitan a la justicia resolver materias de carácter técnico en el ámbito sanitario; pidiendo se decrete cuarentena nacional, ampliación de cordones sanitarios, el uso del modelo de trabajo remoto o teletrabajo, entre otros.

Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, al viernes 27 de marzo habían sido interpuestos 82 recursos de protección en 15 regiones del país, en contra del Presidente de la República y de autoridades y organismos públicos como el Ministro y Seremis de Salud; el Ministro de Educación; los Jefes de la Defensa Nacional; Gendarmería de Chile; Junaeb; Junji. Las acciones han sido presentadas por profesionales médicos; funcionarios públicos; federaciones sindicales; estudiantes y apoderados; entre otros.

Los recursos cuestionan decisiones y acciones privativas del Gobierno en el actual contexto de excepción constitucional adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria que aqueja al país; materia que ya ha sido resuelta por algunas Cortes de Apelaciones, fundando sus resoluciones en que no corresponde pronunciarse a los tribunales de justicia por exceder su ámbito de competencia, siendo de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

Además, lo solicitado no dice relación con medidas cautelares o el ejercicio de garantías constitucionalmente protegidas; conforme lo sostenido en esos pronunciamientos al declarar inadmisibles 33 de estos recursos, seis con sentencia definitiva.

En cuanto a los recursos restantes, 21 se encuentran con admisibilidad pendiente y 28 han sido declarados admisibles. Respecto de ese grupo, en aquellos en que intervenga el Consejo de Defensa del Estado se interpondrán sendos recursos de reposición en defensa de las atribuciones y potestades legales cuestionadas.

El Presidente de la República declaró el territorio nacional como zona afectada en Estado de Catástrofe conforme con el artículo 41 de la Constitución; acto que cuya motivación fue fundada adecuada y suficientemente, y que lo faculta para adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en el país.

“El Poder Judicial ha resuelto que los tribunales no pueden pronunciarse sobre la suficiencia, oportunidad o congruencia de las medidas adoptadas, o que podrían adoptarse, pues corresponden a la esfera de competencias de otro Poder del Estado. No obstante lo anterior, a la fecha no existe constancia de hechos que constituyan vulneraciones de garantías constitucionales como consecuencia del establecimiento de medidas de cuarentena parcial, y/o en la adopción de metodologías sanitarias o de funcionamiento de los servicios públicos en la actual situación de pandemia por Covid-19”, explicó el CDE.

En tanto, puntualizó que corresponde al CDE la defensa judicial de la legalidad vigente y de las potestades y atribuciones de las autoridades y organismos públicos.