El Poder Judicial ofreció un balance sobre el funcionamiento de los tribunales en el país, y notificó que a la fecha hay nueve funcionarios contagiados y nueve reos de nacionalidad extranjera en observación.

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a través de una videoconferencia, entregó un reporte de cómo está operando la administración de justicia en el país.

La jueza explicó que en total hay nueve funcionarios judiciales contagiados por coronavirus, de los 12.144 empleados en este poder del Estado.

En detalle, los contagiados son 3 jueces titulares, 1 juez suplente, 1 conservador de Bienes Raíces y 4 funcionarios afectados. Estos están repartidos en Santiago, Iquique, Valparaíso y Punta Arenas.

La magistrada explicó además que un 75,51% de los funcionarios están ejecutando sus labores a través de teletrabajo, mientras que el 12,95% lo sigue haciendo de forma presencial y el resto está sin labores por ser parte de los grupos de riesgo (adultos mayores y embarazadas).

Chevesich, también indicó que la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, entregó un estado de la situación en las cárceles nacionales, e indicó que hasta el momento se ha reportado nueve internos extranjeros en observación en el Centro Penitenciaro Sur, ex-Penitenciaria de Santiago.

Asimismo, señalan que no hay reportes de contagio en los penales de Punta Peuco y Colina I, lugares donde cumplen sus condenas los militares sentenciados por crímenes por violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar.

Por otra parte, la vocera resaltó que su colega Rosa María Maggi informó que el Servicio Nacional de Menores, SENAME, confirmó que no hay niños, niñas y adolescentes contagiados en los recintos de acogida, como también los centro de reclusión para jóvenes imputados penalmente.

De igual forma, comunicó que el Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa, determinó mantener los contratos con las empresas externas de servicios de aseo y seguridad, por lo que esos empleadores no deberán despedir a sus trabajadores con la excusa de la pandemia.

La magistrada destacó que de no cumplirse esa obligación salarial, los jueces determinaron que sean retenidos esos fondos y sean cancelados directamente, especialmente las obligaciones previsionales ante las AFP, FONASA e Isapres.