El SERNAC puso a disposición del Ministerio Público información relevante relacionada con reclamos de consumidores y antecedentes recogidos en las fiscalizaciones a lo largo del país, con el fin de que investigue los casos que podrían constituir delitos, ya sea, de estafa, adulteración de precios, acaparamiento u otros, en el marco del Estado de Excepción vigente actualmente en el país.

Los organismos fortalecieron su coordinación con el fin de identificar eventuales delitos económicos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Por su parte, la Fiscalía Nacional instruyó a los fiscales de todo el país a poner atención a este tipo de delitos y realizar las investigaciones correspondientes atendida su gravedad en un momento de crisis. Lo anterior, para promover que, en los casos más graves de abuso, acaparamiento, especulación y fraude en la entrega de productos, exista una persecución penal orientada a obtener condenas para los autores de estos delitos.

El pasado 19 de marzo comenzó a regir el Estado de Excepción de Catástrofe, donde entre otras normativas, entró en vigencia la Ley 16.282 que califica como delitos económicos el acaparamiento, ocultación y manipulación de precios, así como la venta de alimentos peligrosos, conductas que pueden ser perseguidas y sancionadas.

Entre los antecedentes remitidos por el SERNAC al Ministerio Público están reportes de reclamos e información que consta en actas de fiscalizaciones relacionado con precios de exámenes y productos esenciales relacionados con la prevención del Coronavirus.

En este contexto, el Servicio continuará remitiendo antecedentes de alertas ciudadanas, reclamos y fiscalizaciones, para que la Fiscalía investigue y persiga la responsabilidad penal que proceda ante los tribunales de justicia.

Hasta ahora el SERNAC no ha encontrado evidencia de alzas injustificadas de precios o acaparamiento en el comercio formal, pero sí se han detectado algunos casos en la venta de portales por internet o pequeño comercio, así como casos de productos que supuestamente servirían para prevenir el coronavirus, sin evidencia de ello.

El ente fiscalizador se comprometió al envío de denuncias en aquellos casos en que exista sobreprecio, particularmente, de aquellos productos o servicios en que la autoridad haya fijado un precio máximo, como los exámenes de salud, o de aquellos que hagan presumir la existencia de ocultamiento o acaparamiento previo.

Asimismo, compartirá los reclamos o levantamiento de fiscalizaciones relacionadas con ventas atadas de productos considerados necesarios de cara a la contingencia de COVID-19. Por ejemplo, casos donde se requiera de orden médica de la misma clínica para realizar un examen o aquellos casos donde algún producto de necesidad como el alcohol gel se venda en forma atada o necesariamente condicionado a la compra de otros productos.

De igual forma, se enviarán los hallazgos asociados con la venta en plataformas online o cualquier red social en que se ofrezcan productos relacionados con la contingencia, así como las actas de fiscalización, los reclamos formulados al respecto por los consumidores.

Desde que comenzó la emergencia y hasta ahora, el SERNAC ha recibido 4.363 reclamos por diversos problemas de consumo consecuencia de la situación sanitaria. Del total, un 48% se refiere a problemas con pasajes aéreos; un 7% relacionados con servicios de telecomunicaciones; y un 6% por paquetes turísticos.

Al respecto, se ha estado realizando una serie de acciones, entre ellas, oficiar a las aerolíneas para que informen sus protocolos para responder a la suspensión de vuelos, y otras en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se ha oficiado a diversas empresas que han suspendido servicios recordando la necesidad de cobrar por el servicio efectivamente prestado, tomar contacto con los consumidores y, ante la emergencia sanitaria, al menos prestar los servicios por equivalencia.