El senador Manuel José Ossandón (RN) manifestó su alegría luego que la sala de la Cámara Alta despachara el proyecto de ley que aumenta las penas privativas de libertad y multas en caso de infringir reglas higiénicas o de salubridad en tiempos de crisis sanitaria, como la que se vive hoy en Chile.

Al respecto el senador RN destacó “la rápida tramitación que tuvo el proyecto, que se votó y aprobó en el Senado con total y transversal mayoría y pasó ahora a la Cámara de Diputados y Diputadas”.

El texto legal busca sancionar quienes no han cumplido la cuarentena obligatoria, lo que es “especialmente relevante en momentos en que la situación sanitaria es crítica, ya que de no cumplirse con las medidas sanitarias ordenadas por la autoridad se corre un grave peligro de que la enfermedad no pueda controlarse, lo que podría generar un gran número de muertes”.

Ossandón precisó que el proyecto también contempla sanciones al empleador que obligue o reciba en su puesto de trabajo a una persona que se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública.

Aquello es extensivo para las empresas que funcionen en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública o durante toque de queda sin la debida autorización.

En este sentido, explicó que “la gran mayoría de las personas sí está tomando las medidas del caso, pero hoy supimos de gente que se movía en helicóptero al litoral, para saltarse el control de carabineros, quebrando la cuarentena. Además en los últimos 5 días tenemos más de 1.700 personas detenidas por no cumplir el toque de queda y más de 500 que no respetan la cuarentena obligatoria. Esto ya no es un tema de multas, sino de responsabilidad y el proyecto busca justamente sancionar estas acciones”.

Asimismo agregó que con esta iniciativa legal se busca “combatir con fuerza la posibilidad de que muchos empleadores obliguen a sus trabajadores a ir a sus trabajos, con el riesgo sanitario que esto implica. Sabemos que en su mayoría no lo harán y este proyecto es más bien de carácter disuasivo para que las personas entiendan que deben evitar salir de sus hogares o movilizarse, ya que estos actos de irresponsabilidad tienen efecto directo en terceras personas, por lo que ahora se aplicarán sanciones más duras y las personas que comentan estos actos serán multados y, además, tendrán posiblemente pena de cárcel”.

La próxima semana el proyecto iniciará su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas.