Un grupo de diputados oficialistas presentaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad en contra del proyecto de indulto conmutativo del Gobierno, que no contempla a condenados por delitos de lesa humanidad.

En el proyecto se estipula que reos de mayores de 75 años, mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años, que no hayan cometido delitos de mayor connotación, puedan completar su condena en arresto domiciliario total, como medida de prevención de propagación del Covid-19. Sin embargo, no se incluye a presos como los de Punta Peuco, condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

En ese sentido, diputados piden que se revise la posibilidad de incluir a condenados por delitos de lesa humanidad, como lo hicieron senadores hace semanas.

Parlamentarios de la Unión Democrática Independiente (UDI) argumentan que si no se incluye a reos condenados por violaciones a los DDHH al resto de la población penal, sería una situación arbitraria y, por ende contraria a la ley.

Con la tramitación de este requerimiento se retrasaría nuevamente la puesta en vigencia de la Ley, que ya fue aprobada por el Congreso. De ser promulgado, en total serán cerca de 1.300 los internos -de población de riesgo- que podrán acceder a este beneficio de arresto domiciliario.