Este lunes los jefes y subjefes de las bancadas de oposición ingresaron una denuncia ante Contraloría General de la República, por la implementación de un finiquito electrónico ilegal por parte de la Dirección del Trabajo (DT), que no se ajustaría a la legislación vigente y restringe a los trabajadores para que hagan reserva de derechos en su finiquito.

La diputada Camila Vallejo (PC) detalló que se decidió ingresar la denuncia porque “ya son reiteradas las conductas de la Dirección del Trabajo, contrarias a los derechos de las y los trabajadores”, tal como sucedió con el cuestionado dictamen que facultaba la suspensión de contratos.

“Ahora se les ocurrió implementar el finiquito electrónico, un finiquito que tiene que ser regulado por ley y que no lo está siendo. De hecho, recién está es segundo trámite constitucional un proyecto para eso. Se está adelantando y emitiendo una autorización que no corresponde y que es ilegal y que además en la propuesta de finiquito electrónico, restringe lisa y llanamente el derecho a poner reserva a los trabajadores y además poniendo descuentos ilegales. Esto es sumamente grave y creemos que la Contraloría tiene que resolverlo con sentido de urgencia”, agregó la parlamentaria.

En tanto, el diputado Gabriel Silber (DC) agregó que “nosotros esperamos una investigación enérgica por parte de la Contraloría en defensa de los derechos de los trabajadores. Esta interpretación que hace la Dirección del Trabajo no solamente la pone al margen de la ley puesto que no existe una legislación que avale el finiquito electrónico, sino que lo más sustantivo es que precariza la situación de los trabajadores en tiempos de crisis”.

“En consecuencia esperamos una sanción enérgica por parte de la Contraloría y lo más importante es que esperamos que el gobierno remueva a la directora subrogante de la Dirección del Trabajo”, detalló Silber.

Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) criticó que “nuevamente la DT está realizando un procedimiento que es absolutamente irregular y que no se condice además con la protección de los derechos de los trabajadores. El finiquito electrónico fue analizado y conversado en la Comisión de Trabajo y fue absolutamente desfavorable la opinión que teníamos la mayoría de los diputados de oposición, porque no permite a los trabajadores y trabajadoras  ejercer un derecho al alegato frente a este finiquito”.

“Es por eso que nos parece muy importante incorporar esta petición a la Contraloría para que revise qué es lo que hoy día está dictando la Dirección del Trabajo, y se explique por qué hace un rato ya se aleja y no se fundamente en lo más importante de su rol, que es cómo protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, añadió la legisladora.

Por su parte, el diputado Luis Rocafull (PS) sostuvo que “los últimos dictámenes de la Dirección del Trabajo han demostrado que no están cumpliendo la función para la que fue creada. La DT se han convertido más en relacionadores públicos del empresariado, que en protectores de los derechos de los trabajadores”.

El jefe de la bancada PPD, diputado Raúl Soto, indicó que “me parece grave que la DT una vez más actúe fuera del marco normativo de lo que es la ley labora chilena y en esa oportunidad lo haga promoviendo un finiquito electrónico que deja en total desprotección y sin garantías a los trabajadores y trabajadoras que son despedidos, más en el especial contexto en esa crisis sanitaria, económica y laboral que estamos viviendo”.

“Esperamos que el Contralor declare la ilegalidad del actuar de la DT y deje sin efecto esa política de manera tal de restituir todos los derechos que la legislación laboral vigente le entrega a los trabajadores que sean despedidos”, puntualizó, agregando que se insistirá en la solicitud de renuncia de la Directora Nacional del Trabajo.

Finalmente, el diputado Giorgio Jackson (RD) sentenció que “este tipo de finiquito además no da opción de hacer reserva de derechos y acciones, lo que se puede prestar para muchos abusos en el contexto de la pandemia. Los esfuerzos deben estar primero para detener el desempleo y luego para que los derechos laborales se cumplan, sin excepción”.