La comisión de Economía aprobó en particular y despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que prohíbe el corte o suspensión del suministro de servicios básicos mientras se extienda el estado de catástrofe por la crisis del COVID-19.

La instancia logró consensuar un texto único, que contempla propuestas de todos los sectores, y que busca que todas aquellas personas que han visto perjudicados sus ingresos queden exentas del pago de los servicios básicos, mientras dure la pandemia.

El proyecto plantea que mientras dure la emergencia sanitaria, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender su prestación ni continuidad por mora en el pago de los usuarios.

Se entenderá por compañías proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

La normativa establece que las deudas de las y los usuarios finales, que califiquen conforme a los requisitos que establece esta ley, se prorratearán en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe y sus cobros no podrán incorporar multas ni intereses.

Por otra parte, el proyecto agrega que las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil con contrato, incluyendo a los prepagos, un plan de conectividad solidario sin costo y por 60 días, el cual se solicitará a través de las plataformas de atención al usuario a todo cliente que lo requiera, asegurando la conectividad para fines educacionales y laborales.