La bancada de diputados y diputadas del PPD pidió al Ministerio de Salud aclarar a la brevedad las cifras respecto al acceso en la toma de exámenes que detectan el COVID-19.

“Son muy preocupantes los datos conocidos hoy que hablan de inequidad en la toma y en los informes de exámenes por Coronavirus, donde el 35 % de ellos se originan en centros de salud privados, el 12% en ISP y el resto en centros de salud público”, afirmó el diputado Ricardo Celis.

El parlamentario sostuvo que “se requiere que la autoridad sanitaria aclare si el acceso a la toma de muestra y el posterior informe responde a igual protocolo, o bien quien paga puede acceder al examen con menos requisitos que los exigidos en el sistema público. Por otra parte es necesario saber si los exámenes en centro privados son realizados sólo a usuarios de isapre o de pago directo como privados”.

Celis indicó que “esto es muy determinante y es particularmente grave, como lo ha señalado el informe de un grupo de epidemiología, que muestra una tasa de exámenes de  109 por 10.000 en usuarios  de Isapre y  una tasa de exámenes en usuarios de Fonasa de solo 29 /10.000. De ser así se establecen resultados familiares, de entorno laboral o en su barrio muy diferentes y solo en función de sus ingresos económicos”.

El legislador aseguró que “es inaceptable que se establezcan barreras de acceso al testeo de Coronavirus en función de la capacidad económica de las familias, pues los resultados de salud finales comunitarios estarán en función de la detección, aislamiento y tratamiento, lo que no puede estar relacionado con el sistema de aseguramiento sanitario de las personas”.

Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que “es necesario la distribución equitativa de la política de aplicación de exámenes que detenten el COVID-19, para evitar que el costo en salud la paguen las personas más vulnerables”.

“Desde que llegó el virus a nuestro país he insistido en que el examen debe ser gratuito como ocurre en la mayoría de los países y de acceso igualitario para todos, y no depender del estrato socioeconómico al que pertenecen las personas”, concluyó Soto.