En el informe de la Corte Suprema donde se detalla la situación de los recintos penitenciarios del país, en medio de la pandemia de Covid-19, la fiscal judicial Lya Cabello, incluyó al Penal Punta Peuco como uno de los lugares donde se puede realizar el confinamiento en caso de contagios.

En el estudio, realizado en base a la labor de los fiscales judiciales de todas las cortes de Apelaciones del país, se establece que en la actualidad hay 42.084 internos. De ellos el 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva.

Si bien se constata que se han adoptado distintas medidas epidemiológicas generales y que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile han dictado diversos instructivos destinados a prevenir y controlar la epidemia de coronavirus que pueda sufrir la población recluida, “esta Fiscalía ha realizado las gestiones de que da cuenta este informe teniendo especialmente en consideración que las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impiden realizar cualquier medida de resguardo o paliativa del contagio del virus en forma eficiente o que alcance los estándares requeridos para prevenir su propagación”.

Asimismo, la autoridad precisa que el recinto que alberga a los condenados por crímenes de lesa humanidad posee “espacios que se destinan al aislamiento de internos que lo requieran por su condición de salud o por ser sospechosos de haberse contagiado, incluso en algunos para los que recién ingresan, ello ocurre especialmente a las regiones y no en todos los centros penitenciarios con mayor cantidad de internos”.

Además, indica que los internos de este tipo de recintos cuentan con un proceso de vacunación realizado en “forma completa” y con suficiente cantidad de elementos de limpieza y protección como “mascarillas, gel, jabón, cloro, alcohol, guantes de látex, desinfectantes”, según El Mercurio.

El informe se revela luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento ingresado por senadores de Chile Vamos, quienes acusaban la inconstitucionalidad del proyecto de ley de indulto conmutativo que excluye de sus beneficiarios a los condenados por delitos graves.

La situación dista a la experimentada en otras cárceles. En el documento de 29 hojas, la Fiscalía Judicial detalla los principales problemas detectados tales como el hacinamiento, la falta de lugares de aislamiento para enfermos o sospechosos de contagio, la falta de agua potable, escasez de implementos como jabón, entre otros aspectos.

La Fiscal Judicial, Lya Cabello, calificó esta situación como “una bomba de tiempo” y concluyó que es “de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio”.