La senadora Carmen Gloria Aravena, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal y endurecer sanciones, proponiendo la incorporación de un agravante cuando se cometan delitos, a quienes infrinjan el Estado de Excepción Constitucional por el Covid-19, ante el aumento de diversos ilícitos, tanto en la región Metropolitana como en el resto del país.

La parlamentaria (IND pro RN), indicó que en el contexto de la peor pandemia de los últimos cien años, que ha tenido que enfrentar nuestro país y el mundo entero, se deben extremar las medidas de cuidado y prevención para evitar que las personas y su propiedad puedan salir aún más dañadas de esta grave crisis sanitaria y económica.

“Lamentablemente, pese al delicado escenario sanitario que enfrentamos como país, hemos sido testigos del aumento de diversos delitos de personas inescrupulosas que aprovechan que hoy en día la prioridad es la protección de la salud de todos los chilenos. Es por esto que creo necesario incorporar un agravante a estos delitos cuando nos encontramos en Estado de Catástrofe, de manera de endurecer las penas asociadas a estos ilícitos”, aseveró.

Aravena explicó que, por ejemplo, en la comuna de Santiago Centro, algunos locatarios han denunciado una ola de robos con violencia en sus locales comerciales, o también en Osorno, donde diversas viviendas han sido víctimas de robo en lugar habitado por personas en cuarentena.

Asimismo, la senadora por la región de la Araucanía, se refirió a la grave situación ocurrida este lunes con la explosión de un coche bomba en el puente Lleu-Lleu y la presencia de personas armadas en la ruta que lleva de Cañete hacia Tirúa, al sur de la región del Bío Bío.

En la práctica, la aprobación de este proyecto implicaría que el juez pueda subir en un grado la pena respecto de lo que debe aplicarse en situaciones normales, cuando el país no está en un Estado de Excepción Constitucional. Por ejemplo, en el caso de los delitos de robo con violencia y robo en lugar habitado, las penas podrían alcanzar entre los 10 a 15 años de presidio y, en el caso de porte de arma de fuego, se arriesgaría una pena que va desde los 5 a 10 años de cárcel.