A 2.330 se elevan las fiscalizaciones realizadas por la Seremi de Salud del Biobío en la región, orientadas a verificar el cumplimiento de cuarentenas domiciliarias, tanto de casos confirmados Covid-19 como de contactos de alto riesgo.

En la provincia de Concepción se han fiscalizado 2.014 cuarentenas domiciliarias, 611 a casos confirmados y 1.403 a contactos de alto riesgo; en Arauco las fiscalizaciones totales alcanzan las 206, 15 a casos confirmados y 191 a contactos de alto riesgo, mientras que en la provincia de Biobío llegan a 110, 31 a casos confirmados y 79 a contactos de alto riesgo.

“Al 14 de abril hemos realizado un total de 2.330 fiscalizaciones a cuarentenas domiciliarias, 657 a casos confirmados de Covid-19 y 1.673 a contactos de alto riesgo, proceso que ha derivado en 28 incumplimientos, donde las personas arriesgan multas que van de 0,1 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales. Del total de incumplimientos, 15 denuncias ya han sido formalizadas ante el Ministerio Público, mientras que los otros casos están en análisis de nuestro Departamento Jurídico”, señaló el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.

Las personas en cuarentena no pueden salir del hogar, deben dormir solos en una pieza con ventilación, desplazarse lo menos posible, tener sus propios utensilios para comer y no compartirlos, usar toalla individual o de papel, depositar desechos en bolsa plástica, cerrarla y botarla. La persona a cargo del cuidado debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto; el baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua (450 cc de agua y 50 cc de cloro), así como también la ropa sucia de la persona contagiada, la que debe lavarse a máquina, de 60 a 90° c, con detergente normal, asegurando su secado; mientras que todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la Autoridad Sanitaria.

Ante evidencia de incumplimiento de cuarentenas, tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como Carabineros pueden realizar un trabajo de búsqueda activa en vía pública y a través de medios electrónicos, dando inicio a un proceso penal por poner en riesgo la vida y salud de la población.