Durante esta jornada se conoció que Ripley se acogió a la ley de protección del empleo, que significa la suspensión de la relación laboral con parte del personal de sus 46 tiendas a lo largo de país.

Esta decisión se suma a la de otras empresas del retail como La Polar, Corona y H&M -con matices en su fórmula- que también informaron a sus trabajadores el cese de la relación laboral.

El jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto, indicó que “el espíritu de la norma era el resguardo del empleo y de las pymes, por lo tanto, resulta inaceptable que mientras empresas pequeñas están haciendo grandes esfuerzos por pagarles los sueldos a sus empleados, empresas grandes se aprovechen de la contingencia y no pongan de su parte para enfrentar la crisis”.

“La Dirección del Trabajo debe fiscalizar el cumplimiento adecuado de la ley, y pediremos información respecto a cuáles empresas se están acogiendo a dicha legislación. Además, es necesario poner hincapié en por qué lo están haciendo aquellas que no tienen problemas de liquidez como es el caso de Ripley, que además han tenido un aumento considerable de sus ventas por internet”, agregó el parlamentario.

Por su parte, el miembro de la comisión de Trabajo, diputado Tucapel Jiménez, aseguró que “los trabajadores del comercio de grandes empresas del retail están sumamente preocupados por sus fuentes laborales, ya que a pesar de que muchas de ellas tienen grandes espaldas y tremendas utilidades se acogen a la ley del Gobierno para ahorrarse los sueldos. No puede ser que una vez más sean los trabajadores los que tengan que pagar los costos de una crisis”.

Asimismo, la subjefa de bancada, Loreto Carvajal, señaló que “durante la tramitación de esta iniciativa se le advirtió al Gobierno el temor que esto ocurriera, e igualmente no quiso establecer barreras para que empresas con mayores utilidades pudieran utilizar este mecanismo. Cuesta entender que empresas tan grandes no tengan un mayor compromiso con sus trabajadores”.

“La resistencia del Ejecutivo, que no quiso distinguir entre grandes empresas, está llevando a que se encubra y se vulneren los derechos de los trabajadores. Se debieran aplicar sanciones penales a quienes se aparten del sentido de esta ley. Quisiéramos saber si se está haciendo y si es que se está dando curso a las reclamaciones que los propios trabajadores han realizado al respecto”, concluyó la diputada Carvajal.