La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sostuvo este jueves un nuevo punto de prensa remoto para informar a los medios de comunicación la implementación del autoacordado 53-2020 que regula el funcionamiento de los tribunales del país ante la emergencia sanitaria por Covid-19 y dar cuenta del trabajo realizado por las comisiones de libertades condicionales del primer semestre del año.

La ministra reiteró que toda la labor judicial, especialmente en la actual coyuntura, debe regirse por la protección de la vida y la salud pública; transparencia, acceso a la justicia y continuidad del servicio; resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad; debido proceso y el uso de medios tecnológicos.

En dicho contexto, la portavoz sostuvo que el Poder Judicial se ha esmerado por “facilitar el acceso al sistema judicial, lo que se hace más complicado y difícil durante la vigencia del estado de catástrofe sanitaria. En razón de eso, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha creado una serie de formularios que permiten a las partes solicitar medidas judiciales, lo que se denomina ‘Trámite fácil’. Por ejemplo: retención judicial por no pago de alimentos; medidas de apremio por no pago de alimentos; nuevo día y hora de audiencia; alzamiento de medidas de apremio; liquidación de alimentos; retenciones judiciales; desarchivo de causas e indicación de domicilio, entre otros”, dijo.

Además, informó que desde el próximo viernes 24 de abril, se retomarán las ceremonias de juramento de nuevos abogados y abogadas, a través de conexiones remotas con las cortes de apelaciones a lo largo del país.

“Con ocasión de la emergencia sanitaria, la Corte Suprema estimó necesario poner en practica este procedimiento, que permite disminuir los traslados y evita la concentración de personas en un solo lugar, manteniendo así el distanciamiento social recomendado. Además, se reduce el costo que significa viajar a Santiago junto a sus invitados y visibiliza y releva el trabajo de los tribunales de alzada. Por lo tanto, se usará un mecanismo de comunicación electrónica que conectará a la Corte Suprema con la Corte de Apelaciones mas cercana al domicilio de los postulantes”, explicó la vocera, quien agregó que en las ceremonias virtuales, en el Palacio de Tribunales estará el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el secretario Jorge Sáez; en tanto, en las sedes de cada Corte de Apelaciones estarán el postulante, el presidente del tribunal y un ministro de fe.

La ministra Chevesich también dio cuenta del funcionamiento del Poder Judicial, explicando que hasta el 15 de abril, el 84% de los 12.332 funcionarios judiciales están en funciones mediante el teletrabajo, y que solo un 7,8% lo hace de manera presencial.

Frente a los contagios, informó que 15 funcionarios se han contagiado de coronavirus, y “de ellos, 5 han sido dados de alta”. Además, precisó que son 92 edificios judiciales los que se encuentran cerrados, debido a casos positivos o por prevención.

COMISIONES Y CÁRCELES

Durante la primera quincena de abril, las 17 Cortes de Apelaciones del país realizaron la primera sesión del año de la Comisión de Libertades Condicionales. La vocera informó que al proceso se presentó un total de 3.286 solicitudes, de las cuales fueron acogidas 1.590, cifra que equivale al 53% y muy similar si se compara con el mismo período de año 2019, cuando se aceptó el 52% de las propuestas de Gendarmería. “Comparado este periodo con el mismo del 2019, cuando hubo 1.990 solicitudes y fueron concedidas 740, o sea un porcentaje muy similar”, detalló.

Tras el informe difundido de la Fiscalía Judicial del máximo tribunal, en que se reveló los graves problemas del sistema carcelario para proteger a la población penal del coronavirus, la también coordinadora nacional de la emergencia sanitaria enfatizó que es un tema que preocupa a la Corte Suprema.

“En realidad es un tema que siempre ha preocupado al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular, más aun teniendo presente las cifras de las personas que están en los centros de detención: son 42.044 y de ellos el 30 % está en prisión preventiva. También es sabido la situación de las cárceles que la recoge y releva este informe evacuado por la fiscala judicial y que se llevó a cabo con reportes emitidos en su momento por los fiscales judiciales de las diferentes cortes del país; el hacinamiento y la condición carcelaria es de todos conocidos; es muy precaria”, afirmó.

Sobre el tema, la ministra vocera recordó que el Poder Judicial no tiene injerencia en la ley de indulto, y que solo debe cumplirla. “Eso es una decisión que tomaron las autoridades competentes, en este caso: el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Por lo tanto, a la Corte Suprema, en realidad, no tiene que emitir opinión ninguna, simplemente se debe aplicar la ley”.

ATRASOS

En otra materia relevante, la ministra Chevesich detalló que el auto acordado 53-2020 da cuenta de cuáles son las audiencias impostergables y cuáles deben reagendarse por la contingencia sanitaria, lo que generará un impacto al regresar los tribunales al funcionamiento normal. En dicho sentido, informó que la Corporación Administrativa del Poder Judicial está realizando levantamientos de información y proyección de escenarios. “La Corporación Administrativa está abocada a aquello. Se está haciendo un levantamiento a lo largo del país para saber cuál es el grado de atrasos y su proyección y las eventuales medidas a aplicar en su momento, para salir adelante”.

Por último, la ministra Chevesich se refirió a las causas suspendidas con imputados en prisión preventiva, los que conforman un grupo vulnerable, por lo que los tribunales deberán idear las formas para realizar las audiencias que sus causas ameriten.

“Se tratan de personas privadas de libertad y la idea es que se llevan a cabo las audiencias, pero -obviamente como ustedes saben- una audiencia, por ejemplo, de juicio oral requiere de gran número de intervinientes, por lo que los tribunales y los jueces deben adoptar las medidas pertinentes cuando perciban que es menester realizar estas audiencias y recurrir a los mecanismos tecnológicos para llevarlas a cabo, pero eso es, realmente, resorte de cada tribunal”, aseveró.

“Obviamente deberían ponerse de acuerdo con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública para poder llevar a cabo estas audiencias, ya que obviamente son personas vulnerables precisamente aquellos que están privados de libertad y la idea es llevar a cabo esas audiencias pero adoptando las medidas de resguardo de las salud y la vida de los funcionarios judiciales, intervinientes y usuarios del sistema”, concluyó.