El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este jueves la solicitud de las defensas y confirmó la cautelar de prisión preventiva de Marco Rivas Rivas y Alejandro Jara Arriagada, funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y de Cristián Navarro Soto, imputados como autores de los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos.

En la audiencia de revisión de cautelares, el magistrado Jaime Fuica Martínez acogió -con el acuerdo del Ministerio Público y el querellante Consejo de Defensa del Estado- la modificación de medidas cautelares para la funcionaria del Minvu María González Ilarrazábal y de la imputada Mariela Elgueta Rosas, a quienes se les mantuvo la cautelar de prisión preventiva, pero por peligro de fuga, fijándose una caución (fianza) de $5.000.000 y la hipoteca de una propiedad a cada una. En el evento que cumplan, quedarán sujetas a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

En la resolución, el magistrado Fuica consideró que “no se puede desconocer que las conductas imputadas guardan relación con delitos reiterados de fraude al fisco y cohecho, que hacen que se avizore, en caso de un escenario condenatorio, penas privativas de libertad para los imputados, sin pena sustitutiva (…). Si bien se tiene a la vista que las condiciones sanitarias son unos de los elementos para modificar un régimen cautelar, en el caso de los tres imputados varones (Rivas, Navarro y Jara) se resguardan en mejor medida las condiciones que permitirían evitar la propagación del virus, al estar privados de libertad en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber”.

En el caso de las imputadas, agregó: “(…) la única circunstancia que permite la modificación de la medida cautelar es para el caso de las imputadas Elgueta y González, donde hay una diferenciación de la condiciones sanitarias del lugar donde se encuentran detenidas (Centro Penitenciario Femenino de San Miguel) donde se han detectado casos positivos de Covid-19”.

En la audiencia de formalización de la investigación, realizada en diciembre pasado, el ente persecutor sostuvo que entre 2014 y 2019 los funcionarios públicos investigados han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y asegurar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras del Minvu, con al menos cuatro empresas, todas proveedoras del Estado, para ejecutar estas maniobras ilícitas los funcionarios públicos actuaban de manera coordinada con los coimputados particulares.