Este martes el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), rector Aldo Valle, presentó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un informe que da cuenta de los requerimientos que ha tenido dar continuidad a los proceso formativos, expone el estado financiero de las instituciones, y formula cinco propuestas para superar las dificultades y limitaciones que derivan de esos estados financieros.

El informe elaborado con los datos autorreportados por las 30 universidades que conforman el CRUCh, demuestra que hasta la fecha las instituciones han debido incurrir en costos que superan los $16.556 millones de pesos para implementar medidas que permitan adaptar el proceso de enseñanza a la situación de emergencia sanitaria.

Entre otras medidas, destacan la capacitación para docencia virtual, apoyo para la adecuación y desarrollo de material didáctico, entrega de herramientas tecnológicas para el teletrabajo, entrega gratuita de equipos tecnológicos y dispositivos de banda ancha a los estudiantes vulnerables y becas de conectividad, adquisición de licencias de software educativos y clases sincrónicas y habilitación de mesas de ayuda para apoyar el trabajo virtual. También se consideran los costos asociados a medidas de seguridad sanitaria como fumigaciones periódicas y compra de insumos de protección personal.

Con el propósito de apoyar a los estudiantes que tienen dificultades para solventar los pagos de aranceles, matrículas o los procesos de titulación, las Universidades han dispuesto una serie de medidas tendientes a evitar que los estudiantes deban abandonar sus estudios, tales como garantizar el acceso a todos los contenidos y materiales independiente de la situación de pago; facilidades y prórrogas para las obligaciones financieras contraídas con la institución, extensión de plazo en matrícula, y becas adicionales, entre otras.

DIFÍCIL PANORAMA FINANCIERO

El rector Valle señaló que “el panorama financiero actual de las universidades es muy complejo”. Recordó que en 2019 se aplicó el artículo 108 de la ley 21.091 sobre la limitación de cobro de aranceles a estudiantes que pierden gratuidad por duración de sus estudios y el impacto que eso generó; también se debió afrontar la disminución de matrícula debido a las movilizaciones del segundo semestre unido a un aumento de la morosidad de pago de las familias. “Todo esto generó que las universidades del CRUCH dejaran de percibir $32 mil millones de pesos”.

En tanto, este año las universidades enfrentaron un proceso complejo de admisión, que significó una baja cercana al 10% de la matrícula esperada, que se tradujo en una merma de $17.500 millones.

El estado de emergencia sanitaria también está afectando la matrícula de los cursos superiores: aumentó la cantidad de alumnos que han presentado suspensión de estudios o postergación de matrículas. Esto ha significado una caída de $62.412 millones por aranceles de cursos superiores.

El rector Valle hizo hincapié en que “la implementación de docencia virtual no es fruto de una estrategia comercial de parte de las universidades, sino que es una forma de compatibilizar la vida universitaria con las medidas de protección para todo el país, por los motivos de fuerza mayor ampliamente conocidos. Es decir, no hay detrás de estas medidas estrategias de reducción de costos, es una situación sobreviniente que en su atención demanda más recursos y que no busca ahorros”.

El informe también incorpora la disminución de costos por reducción en transporte, viáticos y otros ítems que alcanza a $7.765 millones, cifra bastante menor a los más de $16.556 millones que se han debido invertir por sobre lo presupuestado inicialmente para llevar a cabo el actual semestre académico.

“Si consideramos la suma de los impactos indicados y además se adiciona el esfuerzo económico que han debido realizar las universidades para adecuar su actividad a una docencia virtual, se totaliza una cifra de $146 mil millones de pesos, que equivale al 75% del Aporte Fiscal Directo que reciben las universidades del CRUCH”, explica el rector Valle.

PROPUESTAS

Con el propósito de enfrentar esta situación y aportar a la viabilidad financiera de los planteles sin perjudicar la permanencia de los estudiantes, el Consejo de Rectores propuso las siguientes cinco medidas:

En primer lugar, que se reconsidere el actual proyecto de ley propuesto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de manera de no detener el pago completo de aranceles y permitir la ejecución de medidas focalizadas.

En segundo término, derogar el artículo 108 de la Ley 21.091 sobre pérdida de la gratuidad, pues su aplicación compromete el patrimonio de las universidades al tener que financiar el 50% del arancel de aquellos estudiantes que pierden la gratuidad. Esto implica que las universidades del CRUCH dejen de percibir ingresos por un monto agregado de $26 mil millones de pesos.

En tercer lugar, con respecto al uso de los excedentes que cada universidad dispone en las carteras de FSCU, se propone que no se restringa el monto disponible ni el destino para el uso de estos recursos. “Una parte significativa de los recursos de los FSCU provienen del patrimonio de las propias universidades, por ello no se entiende las restricciones que impone el Mineduc a esta iniciativa que en las condiciones actuales se hace aún más necesaria”, sostiene Valle.

Además, se solicita que se condone el reintegro de recursos de becas y que el Mineduc realice un nuevo proceso de postulación a ayudas estudiantiles este año, debido a que el proceso habitual concluyó el 27 de marzo y que en varias universidades los semestres comenzaron con posterioridad a esa fecha y a que muchos estudiantes con situaciones sobrevinientes producto del estado de emergencia sanitaria no alcanzaron a postular.

“Debido a la menor matrícula, se producirá disponibilidad en los recursos del presupuesto público para educación superior. Estos mismos recursos se pueden destinar en aquellos estudiantes que este año necesitan apoyo”, concluye el informe.