La diputada Joanna Pérez (DC) manifiesto su preocupación en torno a los presuntos delitos cometidos contra niños y niñas de la residencia “Nido de Hualpén”, en la Región del Biobío, y solicitó que estos sean investigados hasta las últimas consecuencias, tanto en la sede penal como en la sede administrativa.

“Esto claramente es de extrema gravedad y espero que la justicia competente agilice toda investigación relacionada con los hechos denunciados y de existir responsabilidades se aplique el mayor rigor de la ley”, afirmó.

En la misma línea, anunció que “he pedido y oficiado al Ministerio de Justicia, ya que el Estado no puede desprenderse del rol que le compete en proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes con estos derechos vulnerados, que se haga una investigación sumaria y que se nos informe todas las acciones administrativas que ha emprendido el Sename en estas materias como las fiscalizaciones mensuales que debe hacer a este tipo de centros”.

Las parlamentaria por el Biobío agregó que “tenemos que ver si se hacen las visitas, por ejemplo, a estos centros y si los jueces concurren a ellos como se espera, al menos una vez al semestre, y también ver si se entrevistan con los niños y niñas”.

“Tenemos que hacer una revisión del procedimiento desde el aspecto que le interesa al Ministerio de Justicia. Hay mucho que revisar y pretendo mantener esta fiscalización y que exista colaboración; que funcione la justicia y se esclarezcan estos hechos en beneficio de los niños y niñas”, añadió Pérez.

Pese a que la Dirección Regional del Sename y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ordenaron el cierre del centro colaborador denunciado, la diputada DC solicitó a la Contraloría General de la República que inicie una auditoria para que revise la actuación del organismo colaborador, que tiene presencia en otras regiones del país.

“Este es un llamado a revisar como se está funcionado y si este tipo de hechos pudieran estar repitiéndose en otras regiones para que se investigue y se haga una auditoria como corresponde. Se debe iniciar una investigación administrativa para conocer como ha funcionado el Sename con estos organismos colaboradores y los contratos y convenios que tienen con ellos y sus obligaciones”, sostuvo la legisladora

“En lo local, me reuniré con la directora del Sename de la Región del Biobío para que me dé a conocer sus planteamientos en esta materia y también con la Jueza de familia, porque creo que esto va más allá de un tema comunicacional, que se conoce de una investigación y después no se sabe en meses de cómo va la denuncia. No podemos revictimizar a los niños y niñas que han sido vulnerados. Nosotros debemos poner el foco en ellos, en lo que va a pasar y por qué han estado tantos años en el sistema, sin poder egresar y buscar una solución a la permanencia definitiva de ellos en otros establecimientos que no sea a través del Sename. Esto demuestra que nuestros procedimientos son lentos, que probablemente están desfasados de lo que hoy día la realidad nos exige. Sename ha instalado programas y tenemos que ver porque no están funcionando”, finalizó la diputada.