La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que busca extender la vigencia del permiso postnatal, durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus.

La iniciativa establece que en caso de haberse declarado estado de excepción constitucional de catástrofe, las trabajadoras tendrán derecho, durante este periodo, a un descanso de maternidad de diez semanas antes del parto.

Además, se agrega que las trabajadoras y trabajadores que se encuentren ejerciendo el derecho y cuyo plazo de duración venza durante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, verán extendido su permiso de postnatal hasta el momento que se levante la declaración, en las mismas condiciones.

El proyecto indica que la misma extensión se dará en el caso de aquella trabajadora que haya iniciado su postnatal dentro del periodo de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y que se vea culminado al interior de este.

En el caso de aquellas trabajadoras que se encuentren haciendo uso del permiso por enfermedad grave de niño menor de un año y cuyo plazo de duración vence durante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, verán extendido su permiso hasta el momento que se levante la declaración, en las mismas condiciones.

La propuesta determina que la misma extensión se aplicará para aquellas trabajadoras que hayan retornado de su postnatal a sus labores de trabajo, que se encuentren con fuero maternal y cuya duración venza durante la declaración del estado de excepción.

Finalmente, la iniciativa precisa que las disposiciones de la norma también serán aplicables a los permisos y fueros que hubiesen vencido en el periodo comprendido entre la declaración de estado de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, y la entrada en vigencia de esta ley.

Cabe destacar que durante el debate, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, hizo reserva de constitucional de la norma, argumentando que “al ser este un beneficio de seguridad social, financiado por el Estado, envuelve materias referidas a un aumento del gasto público”, estimado en 80 millones de dólares, de acuerdo a lo afirmado por la autoridad.