En condiciones de ser analizado por una comisión mixta quedó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, entidad que vendrá a ser una de las herederas del actual Servicio Nacional de Menores (Sename).

En la oportunidad, la Sala aprobó las modificaciones incorporadas por el Senado en relación a la idea matriz del proyecto, que propone la creación de este nuevo Servicio, sin embargo no respaldó parte de las enmiendas que, entre otros aspectos, abordan el objeto que tendrá el organismo y parte de lo que serán sus funciones, además del cuidado alternativo de los menores y las facultades que se le entregarán al Consejo de Expertos, que asesorará al nuevo ente en materia de protección.

En representación de la Cámara concurrirán a la comisión mixta los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Jorge Alessandri (UDI), Marcos Ilabaca (PS) y Matías Walker (DC), junto a la diputada Natalia Castillo (RD).

Durante el debate, parlamentarios de todos los sectores relevaron la importancia de crear una nueva entidad que otorgue garantías que velen por el bien superior de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.

Aspectos del proyecto

La iniciativa crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia y fiscalización del Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social, e integrante del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Señala que las acciones del Servicio estarán orientadas a los niños y niñas (menores de 14 años) y a los adolescentes (menores de 18 y mayores de 14 años), incluyendo a sus familias. Las personas mayores de 18 años y menores de 24 seguirán siendo sujetos de atención del Servicio, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios.

Por otro lado, regula la organización del Servicio, disponiendo que su administración y dirección superior estará a cargo de un director nacional y contará con direcciones regionales en cada una de las regiones del país, quedando todas estas autoridades afectas al Sistema de Alta Dirección Pública.

En términos generales, las funciones principales dicen relación con el diseño de los programas de protección especializada a ser ejecutados directamente por el Servicio o a través de colaboradores acreditados, orientados a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; a la prevención de la revictimización; a la reparación de las consecuencias provocadas por la vulneración de los mismos, incluyendo el trabajo con sus familias o cuidadores; y a la preparación por la vida independiente de adolescentes acogidos en cuidados alternativos.

En la misma línea, se crea un Consejo de Expertos, conformado por cinco miembros especializados en las áreas ligadas a la niñez, el cual tendrá un carácter de asesor del Servicio en materia de protección.

Se crea la Comisión Coordinadora de Protección Nacional, a la que corresponderá la coordinación intersectorial de los órganos de la administración del Estado que desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el proyecto regula la participación de personas jurídicas sin fines de lucro y de personas naturales en programas específicos, como colaboradores en el desarrollo de acciones de protección especializada de niños, niñas y adolescentes, las que deberán siempre estar acreditadas.