En tiempos de pandemia, la brecha digital de los hogares en Chile ha tomado más significancia; el teletrabajo, las clases y los trámites en línea, además de los “delivery”, salvoconductos y permisos temporales en Comisaría Virtual, son algunas de las acciones que necesitan las familias.

En este contexto, el martes pasado fue aprobada en general la modificación legal que reconocerá el derecho de acceso a internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, lo que situará este servicio a la regulación de este tipo de concesiones, estableciendo obligaciones para los proveedores, lo que permitirá el progresivo acceso universal a la ciudadanía.

Para el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, “este proyecto toma real importancia hoy, el acceso a internet es muy necesario si queremos asegurar a la gente el respeto de otros derechos, como lo son el derecho a la educación, la atención de salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación e incluso el derecho a elecciones libres”.

Sin embargo, señala el parlamentario socialista, “el avance de internet en los hogares de Chile no se experimenta en igualdad de condiciones, tanto entre sectores de la población, como en territorios apartados y carentes de conexión. La Presidenta Bachelet presentó este proyecto casi al fin de sus mandato y reconocía esta desigualdad, este es un tema muy sensible para nuestras zonas extremas, cuestión que estamos abordando en la Comisión Especial que me honra presidir este año”.

En este sentido, para el legislador, al trabajar en esta materia “se persigue la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y de recursos en materia de comunicaciones tecnológicas; esto no es teoría, en otras épocas se procuraba el acceso universal al agua potable, las redes eléctricas o a la telefonía, actualmente se impone como imperativo de justicia que, por medio de la dictación de una ley, cobrará mayor trascendencia en las actuales circunstancias cuando asola el Coronavirus”.

En relación a los alcances de este proyecto, busca en primer lugar el reconocer el derecho de acceso a internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, por otra parte se especifica la obligatoriedad de provisión de estos servicios en el plazo de 6 meses desde la fecha de solicitud que el interesado presente a la empresa respectiva.

Con estas modificaciones se establecerá la obligatoriedad de la prestación en zonas de servicios de la concesionaria y también la obligación de garantía para otorgar una prestación continua, de calidad y en las condiciones contratadas.

Lo señalado, según indica el senador Insulza, “resolverá la falta de oferta o de llegada del suministro respecto de las personas y familias que residen en zonas apartadas, con escasa conectividad o que no pueden pagar dicha provisión por sus propios medios; en tiempos actuales, son prioridades de elemental equidad social y territorial”, finalizó.