El senador Manuel José Ossandón (RN), junto a sus pares Carolina Goic (DC) y David Sandoval UDI), presentó un proyecto de ley que reconoce y establece un número mínimo de garantías y derechos para las personas que prestan servicios de reparto o delivery.

Esto en el marco de que este servicio ha cobrado principal relevancia en el contexto de la pandemia de COVID-19, y tomando en cuenta que los trabajadores de estas aplicaciones no cuentan hoy en día con los resguardos mínimos, tanto laborales como sanitarios.

Ossandón aseguró que “los trabajadores de delivery han sido un pilar fundamental para respetar el distanciamiento social, abasteciendo a millones de hogares en esta pandemia y merecen contar con derechos y garantías para proteger su salud y la de todos”.

El senador agregó que “el objetivo del proyecto es tratar aspectos regulatorios básicos de seguridad y bienestar de las personas que trabajan en los deliverys”.

Los derechos que se busca implementar son el pago de un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el pago de un seguro de invalidez y sobrevivencia, un seguro de responsabilidad civil por los daños que pueda sufrir y/o causar a terceros y el pago de cotizaciones del seguro de desempleo.

“Lo principal es la dignidad de las personas, los trabajadores deben tener un mínimo de derechos y garantías que aseguren y respeten su bienestar y estabilidad”, agregó el legislador.

Además, se pretende la entrega de mecanismos de protección como cascos y rodilleras, en los casos que corresponda, y la entrega de capacitación e instrucción para desarrollar adecuadamente el trabajo.

“Los trabajadores de Delivery han demostrado, especialmente en estas complejas semanas, ser un pilar importante para mantener la distancia social. Merecen contar con derechos y garantías mínimos”, indicó el parlamentario RN.

Respecto a las remuneraciones, se propone que la tarifa líquida mínima a recibir por la persona que presta servicios corresponda al equivalente al valor del ingreso mínimo mensual por hora de una jornada laboral normal.

Ossandón aseguró que “es fundamental no perder el foco en el combate contra el coronavirus y proteger la salud de las personas, pero en este esfuerzo también deben estar incluidos los trabajadores que a diario se exponen para conseguir su sustento y entregar un servicio que facilita la vida de muchas personas”.

Si la empresa a la que presta servicios decide cesar o desvincularlo de la aplicación, lo haga con un mínimo de antelación y siempre con una causal justificada.

Finalmente, si la persona que presta servicios emite boleta de honorarios deberá estar cubierta por las previsiones sociales correspondientes, entre otras, al ahorro previsional (10%) y de salud (7%).