Como respuesta al anuncio del Ministro de Educación, sobre la realización de la prueba Simce durante el presente año, aún sin fecha definida y solo con carácter de diagnóstico, un grupo de diputados, senadores, académicos y dirigentes vinculados al mundo educacional dieron a conocer una declaración donde manifiestan sus motivos para que la medición sea postergada.

Entre las razones se argumentó que no existen garantías de que los estudiantes hayan tenido acceso a los contenidos que se desean evaluar haciendo la prueba técnicamente insostenible.

En el documento se afirma que “estamos en un contexto en que tanto los expertos académicos como representantes de los docentes han dicho que la prioridad debe ser la contención y el bienestar psicológico y emocional, así como la flexibilidad para ajustar y contextualizar el currículum. Una medida como mantener el Simce va en contra de todas estas directrices. Ello se suma a la opinión casi unánime de la academia y los actores educacionales en orden a la suspensión del Simce”.

Asimismo, diputados de la comisión de Educación, encabezados por el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González (PPD), ingresaron un proyecto de ley que establece la suspensión de las pruebas del sistema de medición de la calidad de la educación (Simce) durante al año 2020, y de la evaluación docente, debido a pandemia mundial COVID-19.

“Este Simce además de ser inútil desde el punto de vista de su objetivo, le va a costar al Estado 18 mil millones de pesos, monto que podría utilizarse para distintos fines vinculados a la pandemia. Hoy la prueba es inviable, genera agobio al interior de las escuelas en un momento en que debe primar el bienestar de la comunidad escolar, la contención, el apoyo afectivo, la inclusión de los padres y apoderados y no aspectos de pruebas estandarizadas y cuantitativas que han tenido un gran cuestionamiento de su utilidad”, indicó el diputado González.

Por su parte, la jefa de bancada del PC, Camila Vallejo, señaló que “seguir presionando desde el Ministerio de Educación al sistema educacional con Simce, con evaluaciones, con pruebas, con evaluación docente, no contribuye en este contexto a proteger el bienestar psicológico y emocional de la comunidad educativa, menos aún de los niños, niñas y adolescentes”.

“Es por eso que hemos insistido en reiteradas oportunidades que el Ministerio suspenda estas evaluaciones, porque no hay cómo responder a ello, no hay condiciones materiales para responder a ello. Forzar a que se apliquen estas evaluaciones es imponer una presión indebida que va a afectar, y ya está afectando, la salud y el bienestar psicológico de los niños, de las niñas, las madres, los padres y todo el sistema educativo. Esperamos que el Ejecutivo se allane a respaldar esta iniciativa y de una vez por todas se abra a trabajar en conjunto para resguardar este principal objetivo que es la salud de las personas, pero también su bienestar psíquico y emocional”, añadió.

En tanto, el diputado Juan Santana (PS) afirmó que “frente al aumento de contagios por el covid-19, particularmente en la Región Metropolitana, claramente es contradictorio el llamado del Gobierno a normalizar la situación de las comunidades estudiantiles. Existen numerosas propuestas de parlamentarios que apuntan a no realizar clases presenciales en los establecimientos. Incluso, hace algunas semanas, presentamos un proyecto destinado a eliminar la calificación tradicional para el presente año. A lo anterior, se suma la opinión de las comunidades escolares del país, que también han manifestado reparos a la vuelta a clases. De manera que esperamos que el Gobierno se abra a un diálogo que hasta este momento se ha negado a tener”.

Finalmente, la diputada Cristina Girardi (PPD) enfatizó en que “me inquieta que queramos medir los resultados a través de una prueba estandarizada en las condiciones que estamos viviendo. La incapacidad de ver otras cosas, por qué debe ser medición de contendidos que siquiera los niños habrán visto. El Simce no aporta nada y no ha mejorado la educación”.