La Superintendencia de Educación dio a conocer en su cuenta pública 2019 el balance de estadísticas recibidas a nivel nacional, destacando que durante ese año ingresaron 12.016 denuncias, siendo el maltrato a estudiantes la temática más alta con un 47,74% (5.737).

Si bien este ítem registró una baja del 21% en relación al mismo período de 2018, los casos de ciberacoso aumentaron 7,1%.

“En estos momentos de crisis sanitaria donde el Internet está llevando la delantera en materia de comunicación y educación a distancia, es clave que establecimientos y familias busquen estrategias en conjunto para prevenir el ciberacoso y generar conciencia en los niños y niñas de las graves consecuencias que este acoso genera en las redes virtuales”, sostuvo el superintendente Cristián O’Ryan.

En relación a la baja de las denuncias a nivel nacional, O’Ryan indicó que “la disminución da cuenta del esfuerzo que hemos hecho como Superintendencia en orientar y promover en las comunidades educativas la importancia del cumplimiento de la normativa educacional, junto con fomentar la autonomía de los establecimientos educacionales para resolver sus propios conflictos. Lo anterior, también tiene que ver con la implementación del formulario de gestión previa de denuncias, que busca que, en primera instancia, los padres, madres o apoderados informen el problema en el establecimiento y acuerden en conjunto una solución”.

Entre las subcategorías del maltrato a estudiantes, el psicológico de adulto a alumno lideró las denuncias con 1.871 casos, seguido del maltrato físico entre alumnos con 1.740. En este último ítem, se observa que el 45,5% corresponde a mujeres afectadas y el 52,6% a hombres. Sin embargo, en el maltrato psicológico entre alumnos, las mujeres son las más afectadas con un 65,0%, a diferencia de los hombres con un 33,6%.

“Es primordial para lograr una mejor educación, que los establecimientos cuenten con una cultura del buen trato, la que debe ser abordada no solo por los estudiantes, sino que también por directivos, docentes y por el involucramiento de las familias en la educación de sus hijos e hijas”, añadió O’Ryan.

En relación a los casos de ciberbullying, que se encuentran contenidos en las denuncias de maltrato físico y psicológico entre estudiantes, si bien han aumentado durante los últimos cuatro años, la tasa a la que crecen ha disminuido en el tiempo, es decir, en 2019 se recibieron 421 denuncias versus 393 de 2018 (7,1%), en cambio los años 2018 y 2017 la tasa de crecimiento fue de un 39,9%, y 52,7% respectivamente.

En esta materia, la Superintendencia de Educación puso a disposición de los establecimientos educacionales la Circular N°482 sobre reglamentos internos, que entrega orientaciones para implementar estrategias de prevención y protocolos de actuación ante situaciones de maltrato entre estudiantes que se generen en medios digitales como Facebook, Instagram, páginas de Internet, videos, entre otros.

“Sabemos que en los últimos años el uso de Internet y de la tecnología ha transformado la manera de conectarnos. Los aparatos electrónicos llevan la delantera en materia de comunicación, sin embargo, es necesario entender las graves consecuencias que puede generar el mal uso de estos dispositivos. Si tenemos estudiantes que están sufriendo de acoso a toda hora, es lógico que ese alumno perderá motivación e incluso no quiera asistir o conectarse a clases y, por lo tanto, no podrá desarrollar su potencial, de esta forma, no mejoraremos la calidad de la educación”, destacó la autoridad nacional.

Asimismo, enfatizó que “debemos combatir el ciberbullying en conjunto, es por eso que como Estado hemos implementado diversas campañas para orientar a las comunidades educativas en la prevención del ciberacoso, tales como streaming con expertos en la materia, mesas de trabajo, cartillas, afiches, entre otros”.

Las cifras revelan en este ítem que cerca de tres cuartos de las denuncias están asociadas a maltrato psicológico entre alumnos (73,61%) y que el sexo más afectado son las mujeres con un 70,3% y los hombres 28,7%.

De las 12.016 denuncias recibidas en 2019 a nivel nacional, un 53,7% corresponde a establecimientos particulares subvencionados; 29,9% a municipales; 10,0% a particulares pagados, y 1,58% a Servicio Local de Educación.

Finalmente, el superintendente insistió que “los sostenedores tienen el deber de garantizar la continuidad del servicio educativo, por lo que el llamado es a respetar las definiciones que decretan las autoridades, en pos de la seguridad e integridad de la ciudadanía. Necesitamos de la colaboración de todos los actores del sistema educativo para salir adelante de esta contingencia sanitaria y mantener el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes”.