La diputada mapuche, Emilia Nuyado, presentó un proyecto que ley que busca el reconocimiento de las prácticas consuetudinarias de comercialización de la producción de los Pueblos Originarios.

Según explicó la diputada “nuestra idea surge debido a la persecución y represión que hemos visto por parte de los municipios, las policías y las autoridades a las familias y comunidades indígenas que intentan vender los productos que cosechan en los centros urbanos”.

“El más claro ejemplo es lo que ha pasado en Temuco con las “hortaliceras” y en Osorno con los pequeños agricultores indígenas. Hemos visto como la policía se ha dedicado a reprimir a las comunidades, que solo buscan sobrevivir, yendo en contra de todo lo que son nuestras prácticas ancestrales y contraviniendo el Convenio 169 de la OIT”, dijo Nuyado.

La legisladora explicó que “nuestro desarrollo económico indígena constituye un derecho colectivo y se ejerce bajo el criterio de la libre determinación. El Estado y las autoridades deben entender que la clásica política de entrega de bonos y materiales no se ajustan a la visión sobre el buen vivir de los pueblos originarios “.

“Con este proyecto queremos que cuando se aplique la legislación nacional se tome en cuenta nuestra costumbres y derechos consuetudinarios, delimitando claramente los aspectos en los cuales queremos que se nos respete como la producción de Economía Familiar Campesina de Pueblos Originarios, vale decir, actividades que realizan personas indígenas, tales como las artesanías, las industrias rurales y comunitarias, las actividades tradicionales y relacionadas con la economía agraria, así como la resultante de la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, y cuyo resultado sea la cantidad necesaria para satisfacer el consumo de la persona que la realiza, de su familia y organización y cuyo remanente se comercializa sin intermediación”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que el proyecto establece “no sancionar la comercialización de la producción procedente de la economía familiar campesina de los Pueblos Originarios y se exceptuará de toda medida administrativa y no estará sometida a la obligación de inscripción en registro alguno para su ejercicio”.

“Las instituciones públicas, comunales o regionales y sus autoridades, no podrán limitar en ninguna forma sus derechos a la comercialización sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas, familias u organizaciones indígenas afectadas”, añadió.

Por último, el texto aclara que “cuando se encuentren las comunas o regiones en Estado de Excepción Constitucional, las autoridades públicas a cargo, deberán proveer de los espacios y facilitar el acceso a las personas, familias, comunidades y asociaciones indígenas para la comercialización de la producción de los Pueblos Originarios, respetando y resguardando el ejercicio de sus prácticas consuetudinarias”.