Los diputados Jaime Bellolio (UDI), Jorge Alessandri (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Torrealba (RN), enviaron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, una propuesta para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.

En la iniciativa precisan que “la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha devenido también en una crisis económico-social de proporciones, producto de las restricciones a la actividad productiva” y que eso “ha generado un aumento relevante en la tasa de desempleo y una fuerte disminución en los ingresos que reciben los chilenos, ya sea por trabajo dependiente (por despido, suspensión o reducción de jornada) o por trabajo independiente (imposibilidad de salir a trabajar y llevar el sustento diario al hogar)”.

Según los diputados, los trabajadores de planta y a contrata se rigen por el Estatuto Administrativo y que por lo tanto “no han visto reducidas sus remuneraciones”. Además, argumentaron que “los funcionarios públicos tienen remuneraciones bastante más elevadas que aquellos del sector privado”.

“En virtud de lo anterior, se hace sumamente necesario que el sector público, que no está sufriendo los efectos económicos de la crisis, al menos en cuanto a estabilidad en el empleo y mantención de los salarios, aporte a la solución de la crisis, especialmente para ir en ayuda de los trabajadores del sector privado que han perdido sus fuentes laborales y/o se han quedado sin ingresos”, señalan, según consignó La Tercera.

En ese sentido, proponen que “para quienes reciban un salario de $750.000 o menos se reajustarán sus rentas por IPC (inflación)”, ya que “hoy un 30% de los funcionarios públicos recibe $ 750.000 o menos y nos parece justo que las rentas más bajas, que corresponden a auxiliares, técnicos y administrativos, vean reajustados sus salarios en proporción al alza del costo de la vida”.

“Solo estamos pidiendo que todos los sueldos mayores a $750.000 no se reajusten, por una única vez, lo que permitiría ir en ayuda de los más vulnerables y más afectados por la pandemia”, manifestó Bellolio.

Por otro lado, sugieren que “para el restante 70% no habría reajuste”, lo que se traduciría en “un ahorro estimado de US$ 800 millones”.

Asimismo, proponen eliminar el bono de término de conflicto y del bono de vacaciones. A su juicio, el primero “no tiene una adecuada justificación, menos en la situación excepcional en la que nos encontramos. Ello implica un ahorro estimado de US$200 millones”.

Y respecto al bono de vacaciones, dice que “debe ser destinado al personal de la salud pública que ha estado entregando toda su energía y capacidad profesional en esta pandemia, a través de una bonificación, que oscilaría entre $350.000 y $600.000, según el salario que tengan”.

Los parlamentarios aseguran que en total, habría un ahorro cercano a US$1.000 millones, lo cual se debería utilizar para extender por tres meses el Ingreso Familiar de Emergencia y para un subsidio al empleo.

Para el diputado Torrealba “esta propuesta les pide a los trabajadores del sector público solidaridad con aquellos que han perdido sus puestos de trabajo”.

Mientras que Alessandri dijo que “en un sector público que tiene estabilidad laboral y sueldos en un porcentaje más alto que el sector privado, estamos pidiendo este gesto especial”.