Los integrantes de la Comisión de Minería y Energía analizaron el alza de las tarifas de la energía que ha sido denunciada por la ciudadanía en las últimas semanas.

La autoridad de energía y las empresas en cuestión, aseguraron que dicha alza no es tal, sino que se trata de un tema de procedimiento. En simple, los cobros de la luz están determinados por la lectura de los medidores. Como dicha gestión se suspendió producto de la pandemia, las compañías optaron por cobrar un aproximado del consumo, generándose diferencias –muchas veces- en contra del usuario.

Dicha explicación no dejó conforme a todos los integrantes de la Comisión (los senadores Rafael Prohens, Yasna Provoste, Guido Girardi y Álvaro Elizalde), por lo que se acordó insistir con el Ejecutivo respecto a la presentación de una ley larga que perfeccione diversos aspectos de la distribución de electricidad, sobre todo en cuanto a tarifas. Recordaron que existía el compromiso de la autoridad de presentar el mensaje en marzo pasado. También se coincidió en la necesidad de conformar una mesa de trabajo con senadores de otras comisiones para analizar esta temática.

Durante la sesión intervinieron el Subsecretario del Ministerio de Energía, Francisco López; el Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), Luis Ávila; el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas; y el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo.

La SEC explicó el problema que hoy se busca solucionar. “En la actualidad, la ley eléctrica faculta a las empresas distribuidoras de energía a hacer facturas provisorias en circunstancias particulares. Con el COVID 19, la mayor parte de las compañías comenzó a operar con teletrabajo, pero en el caso de las empresas eléctricas la toma de lectura de los medidores es presencial, por lo que no se obtuvieron todos los datos necesarios en marzo, abril y mayo”, aclaró José Venegas.

“Ante esta dificultad, las compañías promedian el consumo del último año. Eso generó que muchas personas reclamaran por el alza de sus cuentas. A algunos los perjudica como los clientes comerciales. Muchos debieron cerrar por la alerta sanitaria entonces no tienen ingresos para pagar cuentas importantes pensando en la electricidad que solían consumir”, manifestó.

En cifras, la autoridad relató que en tiempos de normalidad, las llamadas boletas provisorias no superan un 4% respecto del total de las emitidas, pero en abril pasado correspondieron a un 17% y en mayo a más de un 50%. Entre el 19 y el 28 de mayo se registraron 610 mil facturas provisorias (un 24% del total de las emitidas en Chile) y en la Región Metropolitana, más de la mitad corresponden al promedio del consumo.

A modo de solución, un instructivo de la SEC permite que los clientes afectados hagan sus mediciones y las entreguen a las empresas distribuidoras que son las que finalmente hacen el cobro. En el caso de aquellos medidores que solo pueden ser leídos por las compañías, se indicó que las partes deben acordar un día y hora para concretar dicha medición.

El subscretario López –quien participó en la sesión en su calidad de ministro subrogante- aclaró que la tarifa no ha experimentado un alza puesto que quedó congelada con la ley que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas que fue publicada a fines del 2019.

“Esta semana nos juntamos con las compañías para que nos presenten planes de solución. Ellos no han podido hacerse cargo del volumen de reclamos que nosotros hemos estado recibiendo. En promedio, estamos canalizando unos mil 300 reclamos diarios (…) Creemos que la única forma de revertir este problema es que las empresas hagan la medición presencial, emitan el cobro por aquello y se descuente el exceso de los meses anteriores de haber sido canceladas dichas boletas”, añadió.

Desde el sector, Castillo reconoció que el crecimiento de las facturas provisorias ha sido exponencial, explicando el aumento del costo. “Pasa que ahora como empresas nos hemos estado ordenando con la medición de lecturas. Ahora las personas están confinadas en sus casas y es invierno, por tanto consumen más y las boletas así lo consignan. En verano es menor el consumo, entonces el promedio que se le cobró los meses anteriores es probable que sea más bajo”.

“En términos generales, acá no ha habido cobros indebidos, lo que ha habido son diferencias con el promedio de consumo, que en algunos casos han sido muy abultadas (…) A modo de solución estamos recibiendo las lecturas que los propios clientes están haciendo, para ello estamos fortalecimiento nuestros canales comunicación y abriendo muchas sucursales físicas”, detalló.

Un tema que se mencionó en la sesión fue el horario punta y el límite de invierno. Muchas personas están confundiendo estos conceptos y los relacionan con el alza de las boletas, de allí la preocupación de los legisladores por entender bien la nomenclatura.

Según las autoridades presentes en la sesión, se entiende por horario punta a la franja entre las 18 y las 23 horas entre los meses de abril y septiembre (otoño-invierno), donde las empresas experimentan una mayor potencia de consumo pensando en que se oscurece más temprano y se usa calefacción eléctrica.

El límite de invierno se aplica en los mismos meses pero se refiere al sobre-consumo de los clientes residenciales que usan en promedio 430 kilowatts/hora al mes, es decir menos de un 5% de los consumidores. Ellos deben pagar un delta extra cuando superan el citado consumo.

Tanto la hora punta como el límite de invierno fueron suspendidos durante abril y mayo, pero desde junio se retomará este cobro, todo con el fin de ayudar a la racionalización del consumo eléctrico.

Al respecto, el senador Guido Girardi solicitó que la Comisión ponga en tabla una moción de su autoría que modifica los cuerpos legales que indica para suspender la tarifa eléctrica de invierno en caso de estado de excepción constitucional (Boletín N° 13512-03).

La propuesta que deberá ser revisada también por la Comisión de Economía, prohíbe a las empresas de Servicios Eléctricos de Distribución, traspasar a los usuarios residenciales los costos de la aplicación del límite de invierno durante las declaraciones de estado de excepción constitucional, y hasta 6 meses después del término de esta declaratoria.